El parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo con la precisión de quien arma el fixture a gusto propio, aprobó el martes en primera instancia una reforma constitucional de esas que dejan la boca abierta. Prohíbe la participación de los partidos opositores en las elecciones y estira el periodo presidencial de seis a siete años. Como quien dice: no solo te quedas con la pelota, sino que además le sumás tiempo extra al partido para que nadie más la toque.

La medida la impulsan los copresidentes Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Según adelantó ella el lunes, la enmienda se ratificará a partir del 18 de enero en segunda legislatura, porque en el país los cambios a la Constitución necesitan dos vueltas parlamentarias. No sea cosa de que alguien diga que fue a las apuradas. La reforma también alarga de seis a siete años los mandatos de otros cargos electos y de los jefes del Ejército y la Policía. Todo el organigrama se acomoda como muebles en casa de suegros: nadie se mueve sin permiso.

A mediados de julio Ortega soltó en público que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua para evitar que los opositores “atrapen el Gobierno” otra vez. Varios países centroamericanos, junto con Bolivia, Brasil y Chile, fruncieron el ceño y hablaron de retroceso democrático. Estados Unidos pidió aislar al gobierno nicaragüense y Panamá, por las dudas, retiró a su embajador en Managua. El mensaje regional fue claro: esto ya no parece una democracia ni con los ojos entrecerrados.

En 2024 el oficialismo ya había hecho de las suyas: alargó el periodo de cinco a seis años, elevó a Murillo de vicepresidenta a copresidenta y pateó los comicios que tocaban este año hasta fines de 2027. Ortega, exguerrillero izquierdista próximo a cumplir 81 años, asumió en enero de 2022 su cuarto mandato consecutivo tras unas elecciones bastante polémicas. Con casi dos décadas en el poder, es el líder que más tiempo lleva sentado en el sillón en toda América. De derrocar a la dinastía Somoza a fines de los 70 a convertirse en el inquilino eterno del poder hay un trecho que él recorrió sin soltar las llaves.

Nicaragua arrastra una crisis política grave desde abril de 2018, cuando el Gobierno reprimió protestas y dejó más de 300 muertos, miles de heridos, el espacio cívico cerrado, un éxodo masivo y un modelo autoritario bien consolidado. Ahora, con la oposición fuera del juego y el mandato estirado como chicle barato, el copresidente y su esposa parecen decirle al calendario: “vos esperá, que acá mandamos nosotros”.

En resumen: más años para Ortega y Murillo, cero chance para los rivales y la sensación de que en Nicaragua las elecciones se volvieron tan hipotéticas como encontrar asiento libre en un bus a la hora pico. Mientras el parlamento aplaude y el exterior critica, el poder se acomoda cómodo en el sofá y cambia el canal a “mandato eterno”.

Funcionarios estadounidenses salieron a defender el acuerdo con el que Washington se mete como socio en una empresa conjunta para manejar campos petroleros en Venezuela. Lo pintan como el plan perfecto para asegurar crudo estable y de paso ayudar a reconstruir un país destrozado por décadas de corrupción, esa misma corrupción que parece haber sido el abono con el que crecieron ciertas fortunas.

El convenio le da a Estados Unidos acceso a más o menos una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas. Un funcionario lo vendió como “oportunidad geopolítica” para hacerse con yacimientos que antes olían más a influencia china y rusa que a arepa recién hecha. En criollo: llegaron a la fiesta, miraron el pastel y dijeron “este pedazo es nuestro”.

Cuando le preguntaron por Alejandro Betancourt, el empresario de North American Blue Energy Partners que está en el centro del negocio después del arrendamiento de 100 años sobre 17 yacimientos gordos, el funcionario soltó la perla: lo investigaron, pero “no enfrenta ningún cargo en Estados Unidos por violar nuestras leyes”. Y remató con la frase digna de suegra diplomática: “No estoy proponiendo a nadie para la santidad”. Traducción libre: no es monaguillo, pero para este trato nos sirve.

Todo lo amarraron al deseo de una “Venezuela estable y democrática”. Eso sí, las elecciones no son para ya. “Lo último que queremos es que un gobierno electo herede un país en crisis”, confesó el mismo funcionario, como quien prefiere terminar de ordenar la casa antes de que lleguen los nuevos inquilinos a quejarse del olor. Las conversaciones políticas entre gobierno y oposición se retoman a mediados de septiembre.

Mientras tanto, el secretario de Energía Chris Wright viaja hoy mismo a Venezuela y Chevron firmará el miércoles su propio acuerdo para ampliar operaciones. Resumen del capítulo: los gringos se aseguran el grifo, limpian un poquito la ficha del bolichico y prometen democracia… pero sin apuro. El petróleo, como siempre, manda más que cualquier discurso de transición.

Volodímir Zelenski, el presidente ucraniano que ya habla con la soltura de quien lleva años improvisando en medio del caos, salió ayer 1 de septiembre a mandar un recado a todas las aerolíneas y aseguradoras del planeta: el espacio aéreo ruso se está poniendo más peligroso que cruce de avenida en hora pico sin semáforo. “Queremos avisar a todo el que todavía usa los cielos y aeropuertos principales de Rusia: se está volviendo completamente inseguro”, soltó durante un discurso, con esa calma de quien anuncia que el ascensor del edificio ya no es de fiar.

Aclaró, por si acaso, que Ucrania no va contra la aviación civil. Nada de tumbar aviones de turistas que van a ver la nieve. Pero drones ucranianos habrá, y quien vuele por ahí que lo tenga en cuenta como quien revisa el bolsillo antes de subir a un taxi de dudosa reputación. “Aunque las autoridades rusas no lo digan oficialmente, el espacio aéreo se cerrará de facto. La guerra que Rusia empezó le está cerrando sus propios cielos”, añadió, con la ironía justa de quien devuelve el regalo envuelto en el mismo papel.

Vladímir Putin no tardó en contestar y calificó el anuncio de “declaración de terrorismo de Estado”. “Nos piden retomar las negociaciones… pero con terroristas no se negocia”, lanzó en rueda de prensa televisada, poniendo cara de quien se niega a discutir la cuenta del restaurante porque “el menú estaba claro desde el principio”. Luego, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kirguistán, reconoció que los ataques ucranianos contra refinerías e infraestructuras civiles sí han causado daños… sobre todo porque “no estaban protegidas”. Traducción libre: el candado estaba de adorno y el ladrón pasó de largo por la puerta abierta.

Ucrania lleva meses intensificando golpes contra almacenes, instalaciones petroleras y portuarias en Rusia y territorios ocupados. Mientras las aerolíneas europeas y estadounidenses ya evitaban esos cielos como quien esquiva a un ex en una fiesta, compañías de China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo seguían usándolos tan campantes. Ahora el mensaje es claro: el cielo ruso se está convirtiendo en zona de drones sueltos, y quien quiera pasar que lleve paraguas, casco y una buena póliza… si es que alguna aseguradora todavía se anima a cubrir el show.

Alejandro Betancourt, ese empresario venezolano de 46 años que amasó fortuna con negocios tan opacos como el fondo de un café mal colado durante el chavismo, aparece de repente como pieza clave en el inédito acuerdo petrolero entre Washington y Caracas. El tipo es el principal accionista de North American Blue Energy Partners, conocida como Nabep, la segunda mayor productora privada de petróleo en Venezuela después de Chevron. Y resulta que el gobierno de Donald Trump lo eligió como socio para atraer millonarias inversiones al país con las mayores reservas de crudo del planeta. De la noche a la mañana, el muchacho pasó de figura sospechosa a invitado de honor en la mesa del petróleo.

Betancourt formó parte en 2017 de aquel grupo de empresarios bautizados como “bolichicos”, que se llenaron los bolsillos mientras Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro manejaban el país. En concreto, lo vinculan a una trama de corrupción en la estatal PDVSA donde se acusaba de poner sobreprecios en contratos con la alegría de quien le cobra al cuñado el doble por un favor. En 2025 lo detuvieron en Reino Unido y Suiza le abrió un proceso penal por blanqueo de dinero. El currículum no es exactamente el de un monaguillo, pero parece que en este mundillo petrolero eso cuenta como experiencia laboral de alto nivel.

El hombre está ligado a unas 50 empresas repartidas por el mundo, entre ellas Hawkers, la firma española de gafas de sol que compró en 2016 y que hasta se asoció con Lionel Messi para sacar una línea de productos. De vender anteojos con pose de estrella a manejar grifos de crudo hay un trecho, pero Betancourt lo recorrió como quien cambia de canal sin soltar el control. Ahora Trump lo señala como el socio ideal para desbloquear el oro negro venezolano.

Así que resumen de la telenovela: un empresario forjado en los negocios turbios del chavismo, investigado por aquí y por allá, dueño de gafas de moda y de una petrolera privada, termina sentado a la mesa con Washington para repartir el petróleo del país con más reservas del planeta. La vida da más vueltas que peonza en feria, y en este capítulo el bolichico de ayer es el interlocutor de hoy. Mientras tanto, PDVSA, las investigaciones y las gafas de sol observan desde la grada preguntándose en qué momento el guion se volvió tan absurdo.

La Asamblea Nacional de Venezuela, ese lugar donde las votaciones suelen salir más cantadas que karaoke de madrugada, aprobó el martes una reformita puntual a la Ley del Tribunal Supremo de Justicia. El objetivo: agrandar el comité que escogerá a los nuevos magistrados de la máxima corte. De 21 miembros pasan a 23. Como quien dice: si el asado se pone tenso, mejor invitar a dos primos más para que la pelea se diluya entre más gente.

Once diputados y doce representantes de la “sociedad civil” formarán ese comité de postulaciones. Ellos evaluarán, preseleccionarán y presentarán la lista de aspirantes a un total de 32 jueces. Todo esto forma parte del diálogo que el Gobierno y una delegación opositora arrancaron en agosto, con el visto bueno de Estados Unidos, para retocar el sistema político de cara a futuras elecciones. Renovar el Tribunal Supremo es uno de los platos fuertes del menú, porque el actual está tan vinculado al oficialismo como el sofá de la abuela al control remoto.

Los opositores y analistas recuerdan que este TSJ ha firmado fallos de esos que dejan la boca abierta: anular derechos políticos a varios líderes contrarios y proclamar la victoria de Nicolás Maduro en los disputados comicios de 2024. O sea, el árbitro del partido ya tenía el silbato bastante gastado a favor de un solo equipo.

En mayo la Asamblea había nombrado una comisión para elegir magistrados, pero el proceso se frenó en seco apenas arrancó el nuevo diálogo. Ahora, con dos sillas extras y un comité más gordito, el oficialismo y la oposición fingen que están remodelando la cancha mientras el público mira desde la grada preguntándose si de verdad van a cambiar al juez o solo le van a poner una toga más nueva.

En resumen: más miembros en el comité, mismas promesas de renovación y la eterna sensación de que en Venezuela hasta agrandar una mesa de negociaciones se convierte en episodio de telenovela. Mientras tanto, los futuros magistrados esperan su turno como quien hace fila para un cargo público sabiendo que el resultado ya viene con spoiler incluido… aunque aquí, por supuesto, no usamos esa palabra.