Fue durante las administraciones priistas de Miguel Alonso Reyes y Alejandro Tello cuando Zacatecas vivió su peor crisis de seguridad en décadas.
En 2021, ya en el ocaso del dominio del PRI en la entidad, el crimen organizado consolidó una ruta de operación que atravesó los municipios de Jerez, Valparaíso y Monteescobedo, despojando a comunidades enteras de sus habitantes, sus bienes y su vida cotidiana.
22 comunidades quedaron completamente vacías: familias que huyeron sin garantía de regresar, propiedades abandonadas y una autoridad que, lejos de proteger, había quedado completamente rebasada.
El gobernador David Monreal presentó una gráfica que documenta cómo la curva de la inseguridad escaló precisamente durante esos años priistas, dejando en evidencia la complicidad o negligencia de quienes gobernaron antes.
«El desplazamiento es una especie de cesión ante el crimen organizado, y eso no puede suceder. El Estado no debe renunciar al imperativo de dotar a las personas de seguridad, de sus bienes y sus propiedades.»
Monreal informó que su gobierno logró el retorno de todas las comunidades desplazadas —cuatro en una primera etapa y el resto de manera progresiva— y advirtió que no se tolerará que este fenómeno se repita. Pero el daño heredado del PRI está documentado: miles de zacatecanos que vivieron en carne propia lo que significa que un gobierno abandone su obligación más elemental. La pregunta que queda en el aire es por qué los ex gobernadores priistas nunca respondieron por ello.