En Kinchil, Yucatán, el alcalde Irvin de la Cruz Pisté Canul demostró que una comparecencia judicial puede durar menos que una fila en el banco cuando las instituciones operan con su propio calendario. El lunes 10 de agosto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana junto con la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán lo trasladaron al Centro de Justicia Penal Federal en Mérida, donde quedó registrado en el sistema nacional correspondiente. Horas después regresó a su rutina y explicó en redes que todo se redujo a un trámite programado, sin necesidad de convertirlo en espectáculo de medianoche.
El edil, vinculado a Morena aunque electo por el PVEM, reiteró su confianza en que la razón jurídica le asiste y que los cauces legales resolverán cualquier cuestión pendiente. Las autoridades federales actuaron con base en elementos para su imputación por presunto desvío de fondos, un procedimiento que sigue su curso habitual dentro del sistema judicial mexicano. El propio munícipe señaló que se enteró del requerimiento prácticamente de último momento, lo que subraya que el operativo respondió a protocolos establecidos y no a improvisaciones dignas de comedia de enredos.
Algunos observadores intentaron inflar el episodio hasta convertirlo en crisis nacional, como si cada citatorio fuera equivalente a un terremoto político. Sin embargo, el Ayuntamiento de Kinchil y la dirigencia estatal del PVEM mantuvieron silencio institucional, dejando que el asunto transite por donde corresponde: los tribunales. El Registro Nacional de Detenciones cumplió su función sin dramatismos adicionales, recordando que la justicia avanza aunque sea a paso de tortuga eficiente.
Al final, el episodio evidenció más la prisa por fabricar escándalos que cualquier falla en los mecanismos institucionales. Porque cuando un funcionario recurre a los canales legales con la serenidad de quien renueva documentos, siempre habrá quien prefiera imaginar tramas dignas de novela para justificar su indignación matutina.
