La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existe ninguna disposición legal que obligue al gobierno federal a mantener vigilancia especial sobre los ex funcionarios de Sinaloa requeridos por autoridades de Estados Unidos, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las autoridades estadounidenses solicitaron la localización de varios ex funcionarios sinaloenses y que, como parte del procedimiento internacional, la Interpol emitió fichas rojas. Sin embargo, precisó que estas medidas únicamente permitirían su detención si abandonan territorio mexicano y son ubicados en otro país.
Sheinbaum confirmó además que la Fiscalía General de la República abrió investigaciones relacionadas con el caso, aunque enfatizó que el sistema legal mexicano establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Señaló que para proceder contra cualquier individuo es necesaria una orden judicial sustentada en pruebas y evidencias.
La presidenta también reiteró que los dos ex funcionarios que recientemente se entregaron a las autoridades estadounidenses lo hicieron por decisión propia y aclaró que ninguno ha solicitado asistencia consular. Finalmente, sostuvo que su administración no protegerá a ninguna persona involucrada en posibles actos ilícitos y aseguró que, cuando existan elementos suficientes, las autoridades mexicanas actuarán conforme a la ley.
