Guadalupe Taddei Zavala avisó que no se va del INE y la noticia cayó como trompo en agua entre quienes ya contaban con su renuncia. En lugar de drama, la consejera presidenta optó por seguir en el puesto que ganó en la tómbola de 2023, mientras afuera algunos partidos y exfuncionarios repiten que hay conflicto de interés por contratos con un proveedor conocido.
Los críticos insisten en que todo es grave, como si el INE fuera el único organismo que firma convenios en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que la decisión es personal y el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, recordó que la Cámara no puede exigir renuncias. Aun así, la oposición ya habla de juicio político o desafuero, dos caminos largos que requieren mayorías calificadas y pruebas concretas.
El artículo 110 constitucional permite el juicio político, pero inicia con una denuncia ciudadana y pasa por varias etapas en Diputados y Senado. El desafuero, por su parte, necesita que la Cámara declare si hay lugar a procedimiento penal. Ninguno de los dos es un botón automático. Mientras tanto, Taddei reiteró que no tuvo injerencia en los contratos cuestionados y que su permanencia obedece a la ley, no a caprichos.
Los reclamos suenan cada vez más a ruido de fondo que a causa sólida. La Constitución no detalla las causas de falta absoluta y deja el tema en manos de procedimientos legislativos que, hasta ahora, no han avanzado. El INE sigue operando con normalidad y la atención pública parece concentrada más en el escándalo que en el trabajo electoral que continúa.
Al final, quienes esperaban una renuncia exprés se encontraron con una funcionaria que decidió cumplir su periodo. El resto es puro teatro legislativo que, por ahora, no ha logrado más que extender la discusión sin alterar el rumbo del árbitro electoral.
