La presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar a fondo los contratos de material electoral del INE, incluyendo los firmados en administraciones anteriores, y el exconsejero presidente Lorenzo Córdova respondió que su gestión de 2014 a 2023 ya pasó por auditorías constantes sin hallazgos graves. El tema, que suena a culebrón burocrático, tiene más giros que una telenovela de horario estelar.
Córdova aseguró en redes que la Auditoría Superior de la Federación revisó cada año de su periodo y que la auditoría de 2022 cerró sin observaciones relevantes. También mencionó que el Órgano Interno de Control, dirigido por alguien designado por la mayoría de Morena desde 2019, solo encontró faltas menores que fueron sancionadas. Los partidos políticos, según él, vigilaban todo el tiempo y ninguna acusación derivó en irregularidades comprobadas. Mientras tanto, Sheinbaum señaló que hay que aclarar desde cuándo operan ciertas empresas proveedoras, algunas vinculadas a casos que datan de 1999, y pidió que las investigaciones abarquen hasta 1,450 millones de pesos en contratos entre 2018 y 2025.
La ASF ya abrió una revisión sobre 514 millones de pesos en operaciones cuestionadas. Córdova atribuyó los señalamientos a un intento de desviar la atención de la situación actual del instituto, aunque reiteró que no se opone a nuevas revisiones. La mandataria busca determinar si existieron anomalías y quiénes serían responsables.
Al final, la discusión se reduce a quién revisa mejor los papeles viejos mientras el INE sigue comprando urnas y boletas. Sheinbaum insiste en transparencia total y Córdova ofrece su archivo como quien presta un libro ya subrayado.
