El Senado de la República aprobó por mayoría la reforma a la Ley Federal de Derechos que regirá a partir de 2027, con 79 votos a favor y 34 en contra. El dictamen ajusta las cuotas por trámites migratorios, sanitarios, aeroportuarios y de telecomunicaciones, con una recaudación proyectada de 177 mil 185.9 millones de pesos. La medida busca ordenar los ingresos sin alterar el servicio público, aunque algunos imaginan que pronto pagaremos hasta por parpadear en aeropuertos.
La discusión transcurrió con la serenidad de una fila en el SAT un lunes por la mañana. Los legisladores revisaron cada artículo reservado como quien cuenta monedas en la tiendita de la esquina, asegurando que los ajustes respondan a la inflación y al costo real de mantener aeropuertos funcionales y fronteras ordenadas. La oposición levantó la mano en contra, pero el resultado final demostró que la mayoría entendió que sin recursos no hay servicios que funcionen, ni siquiera el control de equipaje que tanto odiamos.
Los montos actualizados se aplicarán de manera gradual y transparente, según lo establecido en el dictamen. Expertos en finanzas públicas coinciden en que esta reforma evita sorpresas de último minuto y permite planeación a largo plazo para las dependencias involucradas. En lugar de inventar nuevos impuestos, el Congreso prefirió revisar lo que ya existe, una estrategia tan práctica como llevar paraguas cuando el pronóstico anuncia lluvia.
Al final, la recaudación estimada representa un respiro ordenado para las arcas públicas, sin necesidad de dramas ni portadas alarmistas. Mientras tanto, los contribuyentes seguirán haciendo fila, pero ahora con la certeza de que cada peso tiene destino conocido y justificado.
