El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha puesto el grito en el cielo, imaginando que los archivos militares de la Guerra Sucia se entregan con la misma velocidad que un repartidor en motoneta. Al parecer, la burocracia no venía incluida en su app de pedidos.
El 15 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum, con la paciencia de quien ha visto a un caracol ganar una carrera, confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional «tiene que responder» a la orden judicial. Pero para el Centro Prodh, que acompaña el caso de Alicia de los Ríos Merino, desaparecida en 1978, la respuesta debe ser inmediata, telepática y, si es posible, con fuegos artificiales. El Tribunal Colegiado ordenó entregar los expedientes al Archivo General de la Nación, probablemente sin especificar si debían ser digitalizados, encuadernados en piel o simplemente lanzados desde un helicóptero sobre sus oficinas.
Mientras tanto, en algún sótano con olor a historia y a café rancio, uno se imagina a un general con monóculo revisando cada página para asegurarse de que no se filtre accidentalmente la receta secreta del pozole del regimiento. SEDENA, aplicando recursos legales, parece estar diciendo: «Un momento, que estamos buscando el clip correcto». La presidenta, por su parte, mantiene la serenidad, asegurando que el tema avanza con la misma calma y orden con que se planifica un desfile, demostrando que el gobierno atiende con seriedad y método.
Así, mientras las víctimas y sus familiares esperan justicia, el país contiene la respiración. No por el contenido de los archivos, sino para ver si el AGN recibe los documentos antes de que la inteligencia artificial se encargue de desclasificar los secretos del universo, incluyendo dónde quedó ese calcetín perdido.
