En un episodio más de la serie «¿Es en serio?», el gobierno de Donald Trump, con la delicadeza de un rinoceronte en una tienda de porcelana, le ha aventado una demanda al estado de California. ¿La razón? Aparentemente, su lista de votantes tiene más personajes de ficción que el catálogo de Netflix. Justo antes de unas elecciones que pintan más feas para ellos que una declaración anual de impuestos, los republicanos han decidido que la mejor defensa es un buen berrinche judicial.
El Departamento de Justicia, con cara de preocupación fingida, asegura haber encontrado a más de 20,000 «presuntos no ciudadanos» listos para votar, a quienes, según ellos, les llegaría su boleta por correo como si fuera pizza a domicilio. La acusación se basa en un «análisis exhaustivo» que probablemente consistió en buscar en Google «nombres que suenan extranjeros» y cruzar los dedos.
Según la querella, le entregaron a California una lista con los nombres de los sospechosos el 13 de octubre, con una notita que seguramente decía: «Échenlos, por favor, que si no, perdemos hasta la dignidad». La petición, por supuesto, llegó con menos tiempo de anticipación que un estudiante entregando la tesis, esperando que los demócratas hicieran magia para limpiar el padrón antes del día de la votación.
Para rematar el chiste, la Corte Suprema, en un momento de «ándale pues, para que no estés molestando», les dio permiso de usar una base de datos federal para su cacería de brujas electoral. Así que, mientras California probablemente sigue buscando dónde enchufar la impresora para revisar la lista, el gobierno de Trump ya se prepara para gritar «¡fraude!» por si las moscas, una táctica tan sutil y original como echarle la culpa al perro.
