¡Se acabó el recreo, muchachos! Una jueza federal, que al parecer sí desayunó con sentido común, le acaba de dar un manotazo en la nuca al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Resulta que los agentes andaban muy entretenidos jugando al «policía electoral» en nueve estados, yendo de puerta en puerta para ver si la abuelita que lleva cincuenta años en el país no era en realidad una espía intergaláctica con planes de votar ilegalmente.
La cosa es que la Administración Trump, en un arranque de genialidad comparable a ponerle cátsup a los tamales, lanzó su «Iniciativa de Votantes Ilegales». El plan era simple y estúpido: enviar agentes armados, de esos que parecen salidos de una película de acción de bajo presupuesto, a interrogar a gente sobre su derecho a votar. El problema es que su lista de «sospechosos» tenía más errores que la tarea de un niño de primaria, y terminaron asustando a más ciudadanos que un recibo de la luz en verano.
Afortunadamente, un sindicato de enfermeras, que están más acostumbradas a lidiar con emergencias reales que con burócratas aburridos, se hartó del jueguito y los demandó. La jueza Araceli Martínez-Olguín revisó el caso y concluyó que el gobierno estaba usando una base de datos tan confiable como el pronóstico del tiempo de una aplicación gratuita. Señaló que la probabilidad de que estuvieran molestando a ciudadanos de verdad era altísima, creando un ambiente de miedo que ni en una película de terror.
Al final, la jueza decidió que el interés del público en votar sin que le tiemblen las rodillas es un poquito más importante que el capricho del gobierno de cazar fantasmas electorales. Así que les prohibió sus operativos hasta el 2026. Ahora los agentes tendrán que buscarse un nuevo pasatiempo, como hacer maratones de series o aprender a tejer. El derecho al voto respira un poco más tranquilo, y las abuelitas pueden volver a regar sus plantas sin miedo a un interrogatorio sorpresa.
