La jueza Trina Thompson decidió que ya basta de tanto susto y amenaza en las oficinas electorales. Ordenó al Departamento de Justicia y al de Seguridad Nacional que dejaran de presionar a los funcionarios como si fueran deudores morosos a los que hay que cobrarles con navaja.
La orden llegó después de que el gobierno de Donald Trump insistiera en revisar papeletas por si acaso pertenecían a quien no tenía derecho a votar. Según la jueza, eso ya no: ni intimidaciones, ni exigencias de último minuto, ni revisiones exprés que parecen más interrogatorio de telenovela que proceso legal.
Todo empezó con una demanda de sindicatos y grupos de derechos civiles que se hartaron de ver cómo el Ejecutivo jugaba a detective de barrio. Otro juez ya había rechazado antes la idea de suspender el conteo de miles de votos en California, pero Trump insistía como quien no suelta el control remoto aunque ya se acabó la película.
Con las elecciones a la vuelta de la esquina y el riesgo de perder el Congreso, el ambiente se puso más tenso que reunión familiar cuando sale el tema de la herencia. La jueza simplemente recordó que los funcionarios locales no son empleados del gobierno federal para que los mandoneen a su antojo.
Al final, la orden temporal deja claro que las amenazas no valen ni siquiera en tiempos de campaña. Trump tendrá que buscar otra forma de sembrar dudas, porque esta vez el árbitro pitó falta y no hay VAR que lo salve.
