La subsecretaria de Egresos de Hacienda, Bertha Gómez Castro, dejó claro ante los diputados que los estados y municipios tienen que aplicar sus presupuestos en tiempo y forma, sin excusas ni rodeos. Durante la discusión del proyecto de gasto para 2027, recordó que las entidades reciben participaciones, aportaciones y recursos de otros programas, pero que las reglas de operación no sirven de nada si luego se aplican mal. Además, advirtió que la Auditoría Superior de la Federación revisará cada peso, como quien pasa la lupa por los recibos de la fiesta de fin de año.
El proyecto propone un gasto federalizado de 3.05 billones de pesos, lo que representa un aumento de 4.6 por ciento respecto a lo aprobado este año. Gómez Castro insistió en que estos recursos deben destinarse a los fines para los que fueron asignados y no a otros menesteres que suelen aparecer cuando hay caja disponible. La funcionaria evitó adornos y dejó la responsabilidad en manos de cada gobierno local, sin pañitos tibios ni discursos de autoayuda.
El presupuesto total propuesto por el gobierno de Claudia Sheinbaum alcanza 10.63 billones de pesos, apenas 1.1 por ciento más que el de este año, en un contexto de consolidación fiscal donde cualquier tropiezo puede costar caro. La subsecretaria defendió que la propuesta es viable y equilibrada, y que garantiza el dinero necesario para mantener los programas sociales en marcha. Sin embargo, el tono general fue el de una madre que entrega la tarjeta de crédito con la advertencia de que va a revisar el estado de cuenta.
Los estados, según la comparecencia, no solo deben cumplir con las metas establecidas, sino también soportar las auditorías correspondientes sin quejarse después. Gómez Castro evitó mencionar nombres ni casos concretos, pero el mensaje quedó claro: el dinero federal no es un regalo para gastar a discreción. El ambiente en la comisión fue el típico de quien recibe una regañada colectiva y solo puede responder con silencio incómodo.
Al final, la comparecencia dejó la sensación de que el verdadero reto no está en repartir los recursos, sino en vigilar que no se conviertan en materia prima para obras fantasma o programas que solo existen en los informes. Con la presión de mantener el grado de inversión y cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo, cualquier desviación puede salir muy cara. Los estados ya saben que la lupa de la ASF no perdona ni las facturas del café.
