La embajadora Francisca Méndez llegó a Ginebra el 5 de noviembre como quien llega a una junta de vecinos donde todos ya sospechan del nuevo inquilino. Con tono sereno, informó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que México no extrae hidrocarburos con fracturación hidráulica y que no lo hará mientras no se demuestre, con pruebas de laboratorio y no de redes sociales, que no habrá daño al agua ni a la gente.
Méndez detalló que, aunque la técnica está descartada, el gobierno sigue revisando tecnologías menos agresivas, como quien compara el aserrín con la dinamita antes de decidir cuál usar para abrir una ventana. El relator Marcos Orellana, tras recorrer el país del 9 al 20 de marzo de 2026, mencionó 1,142 sitios contaminados hasta junio de 2025 y habló de zonas de sacrificio. Sin embargo, también reconoció que el gobierno creó regiones de emergencia sanitaria y metió los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula al Plan Nacional Hídrico 2024-2030. Es decir, mientras unos señalan el problema, otros ya están cerrando la llave.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que si en el pozo perforado en octubre aparece agua, eso servirá como prueba para descartar la fracturación. Por su parte, Areli Sandoval Terán, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, exigió en X cero pesos y prohibición total, como si el presupuesto federal se decidiera en un tuit de 280 caracteres. La alianza celebró que el tema se discutiera en la ONU.
Al final, la discusión quedó en que México prefiere parecer aburrido pero responsable antes que emocionado y arrepentido después.
