El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar llegó a la Suprema Corte con una petición directa: que el juicio político contra Samuel García avance hasta sus últimas consecuencias y no se convierta en un trámite que solo queda en papel. Según el legislador, reconocer el procedimiento pero frenar las sanciones sería como declarar culpable a alguien y luego regalarle el premio por buena conducta.
Ramírez Cuéllar recordó que el Congreso de Nuevo León tiene facultades para llevar el caso hasta la destitución o inhabilitación si se comprueban irregularidades. Aseguró que el estado cuenta con instituciones sólidas, un Congreso local funcional y una sociedad que no se tambalea por un cambio de gobernador. El argumento de la ingobernabilidad, dijo, suena más a excusa que a realidad. Una jueza ya había suspendido el proceso legislativo y la Corte intervino después para limitar sus efectos, pero el diputado insistió en que las atribuciones del Poder Legislativo no pueden quedar neutralizadas por resoluciones que impidan aplicar la ley. El objetivo, explicó, es que el ejercicio presupuestal regrese a una ruta honesta y eficiente, sin que el procedimiento se quede en una declaración sin consecuencias.
En el mismo encuentro, Ramírez Cuéllar también se refirió a las posibles acciones contra la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei. Señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si hay delitos graves y que tanto el INE como la Auditoría Superior de la Federación pueden presentar denuncias. La Fiscalía, añadió, puede actuar de oficio cuando lo considere necesario.
Al final, el mensaje fue claro: las instituciones deben cumplir su función sin que los procedimientos queden congelados por tecnicismos que solo benefician a quien ya está en el ojo del huracán.
