Morena ha puesto el dedo en la llaga de una trama de contratos electorales que, según el partido, se tejió durante décadas y alcanzó su punto más jugoso entre 2014 y 2023. La acusación apunta a un grupo empresarial que habría embolsado más de dos mil millones de pesos en la época de Lorenzo Córdova al frente del INE, todo bajo la mirada de exfuncionarios como Ciro Murayama y Edmundo Jacobo. La historia, lejos de comenzar con Guadalupe Taddei, se remonta al sexenio de Carlos Salinas, cuando los hermanos Hernández Casillas ya tenían vínculos laborales con el Renapo y el Cisen.
La presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria Raquel Buenrostro detallaron que estas empresas consolidaron su posición entre 2014 y 2023 con contratos por dos mil 94 millones de pesos, más otros 646 millones entre 2024 y 2025. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas de 25 personas y 15 empresas, mientras la Auditoría Superior de la Federación revisa omisiones en supervisión. Morena exige aclarar quién autorizó la concentración de recursos y pide que las indagatorias no se detengan en administraciones pasadas. Córdova respondió que ya fue auditado sin hallazgos relevantes e invitó a nuevas revisiones, aunque el partido lo acusa de querer desviar la atención de irregularidades previas.
El gobierno federal insiste en que las pesquisas abarquen todo el periodo y no solo la gestión de Taddei. Sheinbaum aclaró que nadie debe eximirse si hay pruebas de ilegalidad. En paralelo, se prepara un decreto para ampliar la participación de dependencias e instituciones académicas en Talleres Gráficos de México, el organismo que imprime las boletas. La denuncia ante la Fiscalía General de la República sigue en revisión por el INE.
Lo curioso es que una red tan longeva parezca recién descubierta, como si los contratos crecieran solos bajo la alfombra institucional durante casi treinta años.
