El cierre de Ueno Bank, con casi tres millones de clientes en un país de seis millones de habitantes, paralizó cuentas y tarjetas de golpe. El Banco Central suspendió las operaciones el tres de noviembre porque la solvencia cayó por debajo del mínimo legal. Miles de personas corrieron a las sucursales para reclamar su dinero y terminaron protestando en las calles de Asunción.
Las manifestaciones derivaron en choques con la policía mientras crecía la incertidumbre por los ahorros. El escándalo alcanzó al propio presidente Santiago Peña, quien había sido accionista de la entidad hasta marzo de este año. El Congreso inició un juicio político y Peña presentó su renuncia antes de que el proceso avanzara más.
El Banco Central empezó a pagar anticipos del Fondo de Garantía de Depósitos, con un tope de cuarenta salarios mínimos por persona. El trámite dura hasta cinco días hábiles y se descuentan deudas vencidas. Sin embargo, la página oficial colapsó y muchos usuarios enfrentan filas virtuales de más de cuatro horas para saber dónde cobrar.
Un noventa y siete por ciento de los depositantes recuperará todo su dinero, pero el tres por ciento restante, unas ochenta y siete mil personas, podría quedarse sin parte de sus depósitos. El banco también manejaba entre ochocientos y ochocientos cincuenta millones de dólares de entidades estatales, entre ellos casi trescientos ochenta millones del Instituto de Previsión Social.
La renuncia de Peña y la salida del presidente del Banco Central dejaron al sistema financiero en medio de una tormenta política. Mientras tanto, los clientes siguen consultando horarios y sucursales para recuperar lo que puedan antes de que el proceso de resolución bancaria defina el resto.
