Washington decidió jugar al policía estricto y le echó el candado a varias empresas cubanas de petróleo, tecnología y hasta a dos firmas chinas que vendían cachivaches electrónicos al régimen. Entre los castigados aparece Any Rodríguez Lastres, hija de la jefa de Gaesa, ese conglomerado militar que controla hasta el último peso de la isla como si fuera herencia familiar.
El comunicado del Departamento de Estado lo pintó como una novela de traiciones: la élite se queda con el combustible y los barcos mientras el pueblo se queda a oscuras y sin nafta, igual que cuando el tío rico se queda con el televisor y deja a todos viendo la pared. Sancionaron a Caroil, Tentacool y otras operadoras de buques cisterna registradas en Chipre y Panamá, porque transportar crudo para el gobierno ya cuenta como delito mayor.
Además, el Tesoro avisó que cualquier extranjero que meta la pata en electrónica, manufactura o tecnología cubana puede olvidarse de tocar dólares. Desde enero el bloqueo de facto ya provoca apagones más largos que una telenovela de los noventa, y Cuba apenas produce un tercio de la energía que necesita. Marco Rubio acusó a La Habana de revender petróleo venezolano para juntar divisas, como quien revende entradas de fútbol en la puerta del estadio.
Al final, las empresas sancionadas quedaron fuera del sistema financiero yanqui y sus barcos se convirtieron en bienes congelados, todo por seguir alimentando el mismo sistema que deja al cubano común lidiando con velas y racionamiento.
