El presidente paraguayo enfrenta un pedido de juicio político que suena más a telenovela que a democracia. Todo empezó cuando el gobierno intervino y disolvió Ueno Bank, entidad con la que Peña mantuvo lazos empresariales antes de llegar al poder. Los opositores y hasta algunos de su propio Partido Colorado lo acusan de usar el cargo para beneficiar al banco y manejar fondos de jubilados como si fueran su billetera personal.
Los legisladores señalan que Peña declaró acciones por más de seis mil millones de guaraníes en la empresa matriz. También cuestionan que los fondos del Instituto de Previsión Social en ese banco saltaran de ochenta millones a más de trescientos cuarenta y seis mil millones de guaraníes en pocos meses. Ese crecimiento explosivo, superior al tres mil por ciento, se produce con plata destinada a pagar jubilaciones futuras.
Otro punto caliente es que Ueno Bank concentró créditos por más de setecientos cuarenta mil millones de guaraníes en empresas vinculadas, lo que equivale al treinta por ciento de su patrimonio y supera el límite prudencial del veinte por ciento. Los acusadores critican que el Banco Central del Paraguay no frenara a tiempo esas operaciones irregulares.
El cuarto eje apunta a un posible enriquecimiento personal del mandatario a través de sus vínculos con Ueno Holding e Itti. Los diputados sospechan que el cargo presidencial sirvió para obtener ventajas financieras que no encajan con la ética del puesto. El quinto argumento advierte que todo el escándalo erosiona la confianza en el sistema financiero del país.
El proceso sigue el camino constitucional: la Cámara de Diputados necesita dos tercios de los presentes para acusar, y el Senado requiere treinta votos para destituir. Si Peña cae, perderá incluso el derecho a una senaduría vitalicia. Paraguay ya vivió algo parecido en dos mil doce, cuando Fernando Lugo fue destituido en tiempo récord por mal desempeño. Ahora el guion parece repetirse, pero con más guaraníes en juego y menos dignidad.
