El Ejecutivo nacional mandó una carta de urgencia al Congreso para que la Ley de Rescate Económico pase sus cuatro debates antes del 16 de diciembre. El presidente Abelardo de la Espriella firmó el documento y le pidió a los presidentes del Senado y la Cámara que aceleren todo, porque el tiempo se acaba y la plata no alcanza. El plan busca recortar 45 billones en gasto público y cambiar algunos impuestos para evitar que las cuentas se pongan aún peores.
El mensaje explica que el gasto estatal se disparó desde 2019 mientras los ingresos se quedaron casi iguales, lo que provocó una deuda histórica y un déficit que ya duele. Cada tres pesos que entran por impuestos, uno se va directo al servicio de esa deuda. Si no se frena, en 2031 todo el recaudo tributario podría destinarse solo a pagar obligaciones y en 2037 ni siquiera alcanzaría.
El Gobierno advierte que sin la ley el gasto ineficiente seguirá creciendo y la presión presupuestal se volverá insoportable. Ya no se trata solo de números fríos, sino de que el sistema de salud y las finanzas públicas podrían colapsar antes de lo previsto. La urgencia constitucional les da prioridad absoluta, así que ninguna otra discusión puede pasar por encima hasta que se resuelva.
Con menos de seis semanas por delante, el trámite debe saltarse trámites normales y permitir sesiones conjuntas entre comisiones. El Ejecutivo insiste en que la reactivación económica depende de que la norma salga a tiempo y no en marzo del año siguiente. De lo contrario, el país podría enfrentar una crisis fiscal con consecuencias que nadie quiere imaginar en voz alta.
El documento recuerda que ya se usaron los artículos 163 de la Constitución y 183 y 191 de la Ley 5 de 1992 para justificar el paso exprés. Ahora solo falta que el Congreso decida si acepta la prisa o deja que la deuda siga comiéndose los impuestos como un parásito sin control.
