La Secretaría de Relaciones Exteriores respondió con cara de pocos amigos a la ocurrencia del gobierno de texas de declarar que nueve islitas del río bravo le pertenecen. Según una funcionaria texana, ya pueden mandar a la policía a “limpiarlas” de lo que consideren actividades ilegales, como si fueran dueños de un terreno baldío lleno de maleza.
La cancillería mexicana les recordó que las fronteras no se cambian porque a un gobernador se le antoje jugar al explorador. Los límites los marca un tratado internacional firmado hace décadas, no una declaración de un burócrata con ganas de protagonismo.
El Tratado de Límites de 1970 deja claro que la línea divisoria pasa por el centro del cauce y que solo la comisión binacional puede decidir de qué lado queda cada pedazo de tierra. Ni el estado más grande de la unión americana tiene autoridad para reescribir el mapa con un plumazo.
México añadió que nadie puede construir ni hacer obras que alteren el río sin permiso de la comisión, por si acaso a texas se le ocurría mandar maquinaria para “proteger” sus islas imaginarias. En resumen, la respuesta fue educada pero directa: ni lo intenten, esto no es un juego de frontera.
