Jorge Álvarez Máynez decidió visitar la Auditoría Superior de la Federación para pedir que revisen a Amílcar Olán, empresario tabasqueño vinculado con Andy y Gonzalo López Beltrán. El dirigente de Movimiento Ciudadano asegura que hay incumplimientos millonarios en órdenes de suministro de medicamentos durante 2025 y 2026, con un supuesto 85 por ciento de entregas fallidas.
El emecista presentó su denuncia el 29 de octubre en la Ciudad de México, dirigida al auditor Aureliano Hernández Palacios Cardel. Según sus cálculos, las empresas relacionadas con Olán recibieron contratos por casi 20 millones de órdenes, aunque más de 17 millones no llegaron a su destino. También menciona retrasos de hasta 220 días y pagos sin respaldo de recepción de productos. La queja invoca los artículos 79 y 134 de la Constitución y la Ley de Fiscalización.
El escrito señala tres empresas y revive antecedentes como un contrato de Romedic en Quintana Roo por más de 295 millones de pesos en 2023. Además, grupos de padres de niños con cáncer ya habían acudido a la Fiscalía General de la República el 7 de octubre para cuestionar compras de medicamentos oncológicos. Todo esto, según Máynez, requiere investigación urgente.
Sin embargo, el trámite parece más una jugada de tribuna que una aportación real al control de recursos. Mientras el sistema de abasto sigue ajustándose tras años de cambios estructurales, la denuncia llega envuelta en cifras redondas y declaraciones de redes sociales que buscan generar eco antes que soluciones concretas. Al final, el ruido mediático termina opacando el trabajo técnico que ya avanza en las dependencias correspondientes.
