El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto 527 para que en 2027 los gastos fijos de salud, educación y justicia se cubran con ingresos que aparecen y desaparecen como el amor de la suegra. La idea es la misma que ya usó el año pasado: tomar plata extra, aunque sea temporal, para tapar huecos que nunca se cierran.
El truco legal viene del artículo 286 de la Constitución, que dice que lo permanente hay que pagarlo con lo permanente, salvo que se trate de esos tres sectores prioritarios. Entonces el Gobierno mete la mano en las rentas petroleras y en otros recursos que suenan más a lotería que a sueldo fijo.
El Banco Central ya había avisado que en 2026 faltaban mil ochocientos millones de dólares entre lo que entra seguro y lo que hay que pagar todos los meses. Para 2027 la historia se repite, pero con más maquillaje presupuestario. El déficit global ronda los cinco mil millones y el FMI vigila desde la esquina como un acreedor impaciente.
Mientras tanto, hasta octubre de 2026 ya se habían gastado más de dos mil millones en salud y casi tres mil seiscientos en educación, y eso que el año todavía no termina. Imagínate lo que costará mantener las nóminas cuando los barriles de petróleo bajen o suban según les dé la gana.
El decreto no dice cuánto dinero extra se va a usar ni de dónde saldrá exactamente. Solo autoriza el mecanismo y deja que el Ministerio de Finanzas decida después cómo justificarlo en los reportes. Es como firmar un cheque en blanco y esperar que la chequera no se quede vacía antes de fin de mes.
Al final, el problema sigue siendo el mismo: los gastos fijos no desaparecen aunque los ingresos extraordinarios se evaporen. Con este segundo decreto consecutivo, Noboa demuestra que prefiere seguir usando la excepción constitucional antes que buscar ingresos estables que no dependan del precio del crudo ni de la suerte. Los números del presupuesto de 2027 dirán si la jugada sale cara o sale más cara todavía.
