El exministro Edmundo Novillo fue detenido en La Paz después de declarar sobre un negocio de radares franceses que parecía comprado en una feria de pueblo. El proyecto, firmado en tiempos de Evo Morales, costó más de 191 millones de euros y terminó pareciendo un electrodoméstico de segunda mano que solo enciende cuando le da la gana.
Según la auditoría, de los 13 radares solo dos funcionaban sin problemas. Los otros nueve tenían fallas técnicas y dos directamente no servían ni para ver pasar un pájaro gordo. O sea, el Estado pagó una fortuna por un sistema de defensa que, en la práctica, era como tener un perro guardián que solo ladra cuando ya robaron todo.
Novillo, que fue ministro con Luis Arce, insistió en su inocencia y dijo que presentó todos los papeles. Aun así, pasó la noche en una comisaría mientras espera la audiencia de medidas cautelares. El actual gobierno lo acusa, junto con otros exministros de distintas épocas, de contratos lesivos, incumplimientos y conducta antieconómica. Básicamente, un clásico boliviano donde todos firman y nadie responde.
La entrega final del sistema llegó 98 meses después de lo pactado, es decir, casi ocho años de prórrogas y modificaciones que convirtieron el proyecto en un chiste largo. Ahora el Estado quiere recuperar los radares, pero la tarea parece tan complicada como pedirle a un mecánico que arregle un auto con las piezas que ya no existen.
El viceministro de Transparencia anunció que harán otra auditoría técnica para ver qué falló. O sea, otra auditoría sobre la auditoría de la auditoría anterior. Mientras tanto, Novillo duerme en una celda policial y los radares siguen sin saber si un avión es comercial, militar o simplemente una ilusión óptica.
