La región de América Latina y el Caribe recibe apenas 17 mil millones de dólares al año para proteger su biodiversidad, cuando en realidad requiere 170 mil millones anuales, según un informe del BID y la Cepal. Esto deja un hueco de 153 mil millones, equivalente al 2,1 por ciento del producto interno bruto regional. El dato suena a broma pesada, pero es la realidad que enfrentan ecosistemas que sostienen la economía y la vida cotidiana.
Cerca del 60 por ciento de ese dinero faltante se destinaría a volver más sostenibles la agricultura y la ganadería. Sin ese cambio, la productividad cae, el agua escasea y las exportaciones se complican. El informe insiste en que el tema ya no es solo ambiental, sino una cuestión de billetera y estabilidad económica para todos.
La fauna silvestre de la región sufrió una caída del 95 por ciento en el tamaño promedio de sus poblaciones entre 1970 y 2022, muy por encima del promedio mundial del 73 por ciento. Bosques, ríos y humedales se convierten en campos o represas, mientras el clima cambia más rápido que las especies pueden adaptarse. El resultado es un declive que afecta hasta la comida en la mesa.
Ángela María Penagos Concha, de la Cepal, señala que cerrar la brecha exige usar mejor lo que ya se gasta y atraer dinero privado con reglas claras. Gregory Watson, del BID, añade que la zona tiene una oportunidad única para liderar el financiamiento de la naturaleza. Ambos coinciden en que el problema es también una chance de generar empleos y resiliencia.
Un escenario ambicioso podría reducir esa diferencia en un 74 por ciento hacia 2030, combinando fondos públicos, capital privado y redirección de subsidios. Sin embargo, si no se actúa, la broma deja de ser graciosa y se convierte en factura impagable para la economía y la vida diaria de la región.
