La violencia electoral se ha convertido en una preocupación creciente en México, manifestándose como una metástasis que se extiende a lo largo y ancho del país. Mucho antes de que el Instituto Nacional Electoral (INE) diera inicio al actual ciclo electoral, el crimen ya había infiltrado los rincones más íntimos del tejido social.
Según el último informe del think tank Laboratorio Electoral, actualizado al 2 de abril, durante el calendario electoral 2023-2024, se han registrado 28 casos de asesinatos de aspirantes, precandidatos o candidatos formales a alguno de los 19,634 puestos de elección popular que se disputarán el próximo 2 de junio. Esta cifra supera ya los registros del ciclo electoral de 2018, cuando se reportaron 24 asesinatos de candidatos o precandidatos. Además, nos encontramos al borde de superar los 30 homicidios registrados en el ciclo electoral 2020-2021.
Estas cifras ponen de manifiesto una realidad alarmante y preocupante. La violencia política en México no solo persiste, sino que parece estar en constante aumento, afectando la integridad de quienes participan en la contienda electoral y sembrando el temor en la sociedad en su conjunto.
Ante este panorama, es urgente que las autoridades actúen de manera contundente para garantizar la seguridad de los actores políticos y el correcto desarrollo del proceso electoral. Asimismo, es necesario que se implementen medidas efectivas para combatir la impunidad y la infiltración del crimen organizado en la política, protegiendo así la democracia y el ejercicio libre de los derechos políticos de los ciudadanos.
