La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana soltó un comunicado tan seco como un desierto de Arizona: Lila Abed no trabaja para la dependencia ni tiene cargo reservado en la Embajada de México en Estados Unidos. La aclaración llegó justo cuando la revista Proceso decidió convertir una supuesta propuesta de Omar García Harfuch en el chisme del mes, como si los nombramientos diplomáticos se decidieran en una cafetería de Virginia.
El relato mediático gira en torno al esposo de Abed, Andrew Lloyd, empleado de Salus Worldwide Solutions, empresa que ganó un contrato millonario con la administración Trump para gestionar autodeportaciones. El programa ofrece transporte gratuito y hasta dos mil seiscientos dólares a quienes decidan regresar voluntariamente. Desde enero de 2025 más de dos millones de personas han utilizado el servicio, según el Departamento de Seguridad Interior. La SSPC, sin embargo, se limitó a señalar que Abed no figura en su nómina ni en sus planes de personal.
El intento de vincular a un funcionario mexicano con una compañía privada estadounidense dedicada a logística migratoria quedó en anécdota sin sustento. Mientras tanto, la dependencia continúa con sus tareas habituales de coordinación fronteriza y atención a connacionales, ajena a los vínculos familiares que la revista intentó presentar como conflicto de interés.
Al final, la historia revela más sobre la prisa por encontrar titulares que sobre cualquier irregularidad real. La Embajada sigue operando con los perfiles que el gobierno considera idóneos y la SSPC mantiene su posición: los rumores no sustituyen a los expedientes.
