México se posicionó en 2022 como el tercer país con más solicitudes de condición de refugiado en el mundo, solo detrás de Estados Unidos y Alemania. Una gran parte de estas solicitudes corresponde a niñas, niños y adolescentes migrantes, principalmente originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala, países del llamado Triángulo Norte, una de las regiones más violentas y desiguales del planeta, según datos de la Cepal.
La información forma parte de la primera edición de la Guía de Atención para la Salud de Niñas, Niños y Adolescentes en Contexto de Movilidad Humana, publicada por la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia).
El documento promueve acciones urgentes y articuladas para proteger a la infancia migrante, destacando factores que impulsan su desplazamiento forzado como la pobreza, violencia, reclutamiento por pandillas, embarazos tempranos y falta de acceso a la educación.
Doble vulnerabilidad
La guía subraya que las niñas, niños y adolescentes en movilidad, sobre todo aquellos que viajan solos o separados de sus familias, enfrentan una doble vulnerabilidad por su edad y su condición migratoria irregular.
En 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) identificó 70,019 menores migrantes, de los cuales 12,954 viajaban sin compañía.
Entre los principales riesgos que enfrentan se encuentra la violencia sexual y de género. Por ello, el documento incluye un apartado específico sobre cómo identificar y actuar ante estos casos, destacando la necesidad de contar con personal de salud capacitado, espacios seguros y protocolos que eviten la revictimización de las personas sobrevivientes.
Trata de personas y discriminación
La guía advierte que muchos menores migrantes huyen por situaciones relacionadas con el embarazo y la maternidad en la infancia, y que durante el trayecto pueden ser víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral. Las personas LGBTTTI+, además, enfrentan altos niveles de discriminación, violencia y crímenes de odio.
Por ello, se establece un protocolo de atención ante violencia sexual, con lineamientos éticos, garantía de confidencialidad, seguridad para la víctima y derivación a servicios especializados. La guía insiste en evitar que las víctimas tengan que repetir su testimonio varias veces.
No a la detención ni a la discriminación
Uno de los puntos clave del documento es el recordatorio de que los menores de edad no deben ser retenidos en estaciones migratorias ni deportados sin garantías de protección. También recalca que cualquier forma de discriminación, xenofobia o trato indigno debe ser eliminada de los servicios de salud y los albergues temporales.
El documento reconoce la importancia de los albergues, casas de migrantes y espacios de estancia temporal, que deben servir como refugio mientras se define el estatus legal o de protección de los menores. Sin embargo, advierte que muchos de ellos carecen de documentación médica básica, lo que dificulta la continuidad en la atención.
La guía concluye que el acceso a servicios de salud no debe condicionarse al estatus migratorio y que todos los espacios de atención y refugio deben aplicar las medidas propuestas para garantizar una protección integral a las niñas, niños y adolescentes en movilidad humana.
