Rufino León Tovar, magistrado electo del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), afirmó que ha llegado el momento de saldar la deuda histórica que México tiene con las personas más vulnerables, garantizando el acceso real a la justicia y erradicando la corrupción dentro del Poder Judicial.
En entrevista televisiva, León subrayó que el nuevo tribunal será una instancia clave para depurar la carrera judicial, ya que tendrá la facultad de investigar conductas irregulares de jueces, evaluar su ética y desempeño, y garantizar que cumplan con los requisitos no sólo de ingreso, sino también de permanencia.
“Tenemos que buscar un esquema que permita, sobre todo a quienes menos posibilidades tienen, acceder a la justicia. Es un reclamo nacional y una deuda histórica que México tiene con su gente; ha llegado el momento de pagarla”, expresó.
Luego de recibir su constancia de mayoría por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), el magistrado enfatizó que el tribunal trabajará sin tolerancia hacia el nepotismo, la corrupción o cualquier práctica que retrase injustificadamente los procesos judiciales.
“No queremos nepotismo, no queremos prácticas que retarden los juicios y, desde luego, no queremos corrupción. Seremos contundentes para evitar que la ciudadanía siga siendo lastimada por jueces que incumplen su deber”, advirtió.
León Tovar aseguró que ya cuentan con un diagnóstico sobre los principales problemas que aquejan al sistema judicial. En él, se identifican actos de corrupción entre jueces y abogados como uno de los mecanismos más comunes para retrasar procesos o manipular pruebas.
“Muchas veces te cambian las pruebas. El reto es cómo equilibrar las condiciones entre las partes en un juicio. Debemos cambiar el paradigma de la justicia en México, garantizar que no sólo acceda a ella quien tenga poder o dinero”, subrayó.
Sobre la autonomía del Tribunal de Disciplina Judicial, indicó que estará blindado frente a presiones externas. Sus decisiones serán inapelables administrativa y jurídicamente, y sus magistrados sólo podrán ser removidos por causas graves, mediante un proceso iniciado en el Senado.
“Nos pone al nivel de los ministros en cuanto a responsabilidad administrativa y política. Eso garantiza que actuemos sin temor ni sometimiento”, explicó.
Finalmente, reiteró el compromiso hecho en campaña: “vamos a meter a la cárcel a los jueces corruptos”, afirmó, y añadió que esta será una obligación moral, personal y jurídica para quienes integran el tribunal.
