La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 31 de agosto que la reforma educativa de Chihuahua es constitucional, pero no sirve para prohibir ni desincentivar el lenguaje inclusivo en las escuelas. El Pleno dejó claro en las acciones de inconstitucionalidad 127/2025 y 133/2025 que la norma solo promueve el uso correcto de la gramática y ortografía del español, sin autorizar exclusiones de expresiones con perspectiva de género.
El Congreso chihuahuense aprobó la modificación el 7 de octubre de 2025, impulsada por el diputado panista Carlos Olson San Vicente, quien argumentó que las reglas gramaticales preservan la riqueza del idioma y ayudan a los estudiantes a expresarse con precisión. La iniciativa añadía una fracción al artículo 8 de la Ley Estatal de Educación y fue presentada como el primer veto nacional contra el lenguaje inclusivo. Durante el debate de más de hora y media, la bancada de Morena intentó regresar el dictamen a comisiones, pero la mayoría lo rechazó. Colectivos de derechos humanos y la comunidad LGBT+ alertaron sobre posibles interpretaciones discriminatorias en la exposición de motivos.
La Corte precisó que el lenguaje inclusivo visibiliza grupos vulnerables, combate estereotipos y avanza hacia la igualdad sustantiva. Las autoridades estatales no pueden convertir la disposición en una prohibición general ni excluir contenidos con enfoque pluricultural. La enseñanza de estas formas es compatible con la educación con perspectiva de género. El dictamen citó a la lingüista Concepción Company, aunque la SCJN rechazó cualquier lectura que limite la visibilidad de identidades no binarias.
Así, el tribunal federal convirtió una intentona estatal en un recordatorio de que las reglas del español pueden coexistir con la inclusión sin que el universo se derrumbe ni los diccionarios salgan huyendo despavoridos.
