En un hecho sin precedentes, el gobierno de Layda Sansores San Román, firmó un convenio de colaboración con los 13 ayuntamientos de la entidad para avanzar en la regularización de asentamientos irregulares y brindar certeza jurídica a miles de familias campechanas, saldando una deuda histórica de gobiernos anteriores.
Durante la Reunión del Comité de Trabajo en materia de Certeza Jurídica, presidida por la secretaria de Gobierno, Liz Hernández Romero, se formalizó este acuerdo que permitirá proteger el patrimonio de los sectores más vulnerables, mediante un esfuerzo conjunto entre autoridades estatales, municipales y federales.
Hernández Romero exhortó a los alcaldes a vigilar la aparición de nuevos asentamientos, en especial aquellos impulsados por invasiones ilegales o fraudes dirigidos a migrantes procedentes de estados como Chiapas y Tabasco. Asimismo, advirtió sobre la tala clandestina en zonas naturales protegidas y pidió reportar estos delitos de forma oportuna.
El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Juan Pedro Alcudia Vázquez, detalló que este convenio es producto de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, promovida por la administración estatal durante dos años, con respaldo del Congreso local y la participación de dependencias como INFOCAM, SEDATU, SEMARNAT y el Registro Público de la Propiedad.
Esta nueva normativa permitirá agilizar trámites de regularización, especialmente en comunidades como Sabancuy, Isla Aguada y Calakmul, donde miles de familias llevan años esperando certeza legal sobre su patrimonio.
En su intervención, representantes de la SEMARNAT presentaron un diagnóstico ambiental de zonas federales en Ciudad del Carmen, ubicadas en la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), que requieren desincorporación para avanzar en la regularización.
Por su parte, la subsecretaria de Gobierno, Martha San Román Montero, informó que más de 10,400 familias ya cuentan con seguridad jurídica sobre sus predios, y la meta es seguir ampliando este beneficio con el respaldo de las instituciones participantes.
El convenio establece la creación de un comité único de seguimiento, que coordinará acciones entre los tres órdenes de gobierno para evitar nuevos asentamientos irregulares y garantizar condiciones dignas de vida para todas las familias campechanas.
