El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), en su informe titulado “Sistema de salud para la movilidad social”, alertó sobre la insuficiencia del gasto público en salud en México, el cual representa solo el 3.2% del PIB en 2023, una cifra muy por debajo del 6% recomendado a nivel global. Esta situación perpetúa un sistema ineficiente y desigual, afectando sobre todo a las personas sin seguridad social, quienes reciben una asignación per cápita considerablemente menor que aquellos cubiertos por instituciones como el IMSS o Pemex.
A pesar de las reformas de 2019 y 2023, el CEEY advirtió que no se ha establecido un marco legal que garantice el acceso universal a los servicios de salud. La segmentación del sistema continúa siendo un gran obstáculo, con diferencias significativas en la calidad y el acceso a los servicios según la situación laboral de las personas.
El informe también señaló la falta de coordinación entre los distintos subsistemas públicos de salud, que operan de manera independiente pese a que la Secretaría de Salud federal tiene la rectoría formal del sistema. La falta de herramientas de rectoría sólidas ha debilitado la capacidad de coordinación efectiva entre instituciones.
Para solucionar este problema, el CEEY propone un mecanismo de financiamiento de pagador único, basado en impuestos generales, que permitiría una asignación justa de recursos a nivel nacional y eliminaría las barreras financieras, facilitando un acceso equitativo a la atención médica. Además, el acceso a los servicios de salud no debería depender de la capacidad de pago de las familias ni de su condición laboral.
El informe subraya la necesidad de implementar un modelo de Atención Primaria a la Salud (APS), centrado en las personas y enfocado en la prevención y promoción de la salud. También enfatiza la importancia de integrar el sistema de salud con el sistema de cuidados, especialmente para atender a adultos mayores y niños.
Finalmente, el CEEY concluye que para alcanzar un sistema de salud universal, se requieren reformas legales y un esfuerzo coordinado para armonizar la prestación de servicios en todos los niveles del sistema de salud, con el fin de ofrecer una cobertura más equitativa y eficiente para toda la población.
