La Cámara de Diputados aprobó, con 340 votos de los partidos Morena, PT y PVEM, y 133 en contra de PAN, PRI y MC, una reforma constitucional que limita las impugnaciones a las modificaciones de la Carta Magna. El decreto, que modifica el Artículo 105, establece que serán improcedentes las controversias o acciones de inconstitucionalidad sobre reformas a la Constitución. También, el nuevo Artículo 107 elimina el amparo contra estas modificaciones.
La reforma fue enviada a las legislaturas de los estados para su ratificación, requiriendo la aprobación de al menos 17 congresos estatales para ser efectiva.
Argumentos a favor de la reforma
Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendió la reforma, argumentando que proporciona «certeza jurídica» sobre la improcedencia de mecanismos legales para impugnar cambios constitucionales. Aclaró que, aunque se limita el amparo, se mantienen vigentes las acciones de inconstitucionalidad en términos del artículo 105 constitucional.
Olga Sánchez Cordero, exministra de la Corte, mencionó que desde 2011 se había negado el amparo contra reformas constitucionales, consolidando la improcedencia de estos recursos. Señaló además la existencia de jurisprudencia que respalda esta postura y exhortó a los jueces a respetar la ley para evitar responsabilidades administrativas o penales.
Oposición y críticas
Diputados de oposición cuestionaron la reforma. Noemí Luna, del PAN, expresó que aplicar la reforma con carácter retroactivo atenta contra los derechos humanos, calificándola de «supremacía dictatorial.» Sergio Gil, de MC, anticipó que la Suprema Corte declarará la reforma como inconstitucional, mientras Alejandro Domínguez, del PRI, señaló que va contra el principio de convencionalidad.
Renuncias en el Poder Judicial
Por otro lado, el Senado informó que 503 magistrados y 342 jueces declinaron contender en las elecciones judiciales del 1 de junio de 2025, en las que se renovarán varias plazas.
