Las quejas interpuestas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) contra instituciones públicas federales experimentaron un aumento del 9% en el primer semestre de 2024, en comparación con el mismo periodo de 2023. Entre enero y junio de este año, se presentaron 11,685 casos, superando los 10,729 registrados en los primeros seis meses del año anterior.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encabeza la lista de instituciones con mayor número de quejas, acumulando 1,331 casos, seguido por Petróleos Mexicanos (Pemex) con 489 y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con 465 quejas. Estas tres entidades representan la mayor parte de los recursos de revisión presentados por ciudadanos que denuncian falta de acceso a la información o problemas en la protección de sus datos personales.
Además de estas instituciones, otras entidades que recibieron un alto número de quejas incluyen la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) con 398 casos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con 357 quejas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con 308, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 304, y la Secretaría de Educación Pública (SEP) con 269 quejas.
En cuanto a los temas que motivaron las quejas relacionadas con el acceso a la información, destacan las quejas sobre trámites administrativos, organigramas institucionales, contrataciones públicas, condiciones laborales, presupuestos, sueldos de funcionarios públicos, estadísticas, programas sociales, salud y impartición de justicia.
Por otro lado, en el ámbito de la protección de datos personales, las quejas se enfocaron en el ejercicio de los derechos ARCOP (acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad), así como en cuestiones relacionadas con pensiones, expedientes médicos, corrupción y datos vinculados al Covid-19.
El Inai destacó que un recurso de revisión es el medio mediante el cual las personas pueden defenderse cuando las instituciones no garantizan el ejercicio de sus derechos de acceso a la información o la protección de sus datos personales.
