La protección a candidatas y candidatos durante el actual proceso electoral será inmediata, “sin ningún pretexto, sin burocracias”, afirmó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la federación está pendiente de todas las peticiones de seguridad de aspirantes y partidos políticos a fin de atenderlos ágilmente a partir del esquema de protección acordado con el Instituto Nacional Electoral (INE).
“Este protocolo nos ayuda a no demorar en atender una petición; estamos haciendo el procedimiento cada vez más rápido para brindar la seguridad necesaria de forma inmediata. (…) Continuamos en la atención de sus requerimientos de seguridad para hacer efectivo el derecho a la población de elegir libremente a sus autoridades en un ambiente de paz y tranquilidad”, aseveró.
Por parte de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo, hay atención para todas las solicitudes de candidatas y candidatos a la Presidencia de la República, a las nueve gubernaturas y al Congreso de la Unión. Los gobiernos de los estados y municipios son responsables de la seguridad de candidatos locales en colaboración con instituciones electorales estatales.
Hasta el lunes 15 de abril, la SSPC atendió las 273 solicitudes de protección registradas, de las cuales 250 solicitantes ya cuentan con servicio de protección, 23 casos fueron declinados por los propios peticionarios y ninguna se encuentra en proceso de análisis de riesgo.
La funcionaria precisó que el mecanismo federal de seguridad contempla una mesa permanente de la SSPC que vigila y da seguimiento las 24 horas los siete días de la semana. Las 32 mesas de construcción de paz y seguridad de los estados y las 266 regionales del país también atienden problemáticas en el territorio.
En el proceso electoral, iniciado el 1° de octubre de 2023, se ha reportado una candidata fallecida, así como el homicidio de cinco precandidatos que ya contaban con el registro oficial ante sus partidos políticos.
También se tiene conocimiento de nueve homicidios de personas aspirantes, que aún no tenían registro oficial ante sus partidos políticos o instituciones electorales estatales, pero fueron mencionados para un cargo de elección popular o manifestaron su deseo de competir.
Al respecto, la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales están a cargo de las investigaciones para que haya justicia, puntualizó.
