El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Gobierno de México está emprendiendo acciones legales para recuperar bienes y recursos provenientes de operaciones de corrupción relacionadas con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.
Durante la conferencia matutina, el mandatario mexicano destacó que se estima que se levantaron alrededor de 650 millones de dólares a través de contratos con el gobierno federal, fondos públicos que fueron invertidos en propiedades en Florida, como departamentos, casas y yates.
En 2021, el Gobierno de México presentó una denuncia contra García Luna y sus abogados han intentado desestimarla sin éxito. Recientemente, se determinó que la demanda presentada por el gobierno es procedente, lo que permitirá la recuperación de los bienes y su reincorporación al patrimonio nacional.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que esta demanda civil es histórica y representa un paso importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad en México. Destacó que el gobierno mexicano ha realizado reclamaciones internacionales en el pasado, pero este juicio para recuperar los fondos provenientes de una trama de corrupción es único y muestra el compromiso del país en combatir este flagelo.
La red corrupta encabezada por García Luna se extendió no solo durante el sexenio de Felipe Calderón, sino también en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hasta ahora, se estima que los activos obtenidos ilícitamente durante ambos periodos gubernamentales ascienden a 645 millones 966 mil 199 dólares.
Durante el periodo de 2006 a 2012, se contabilizan 225 millones 212 mil 906 dólares, mientras que durante la gestión de 2012 a 2018 corresponden 420 millones 753 mil 293 dólares.
La lista de personas y empresas demandadas por su vinculación con la red de corrupción incluye a Genaro García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra Gálvez, Mauricio Samuel Weinberg López y su esposa Sylvia Donna Pinto, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y su esposa Martha Virginia Nieto Guerrero.
También se mencionan las empresas NUNVAV Inc y NUNVAV Technologies Inc., propiedad de los Weinberg, Gull Holding Enterprises Inc., compañía vinculada a los Weinberg para triangular recursos, y Glac Security Consulting Technology Risk Management SC, propiedad de García Luna y su esposa.
Además de estas personas y empresas, se identificaron 40 compañías ficticias utilizadas para ocultar activos y propietarios reales de la red de corrupción. El modus operandi de la red involucraba el flujo de dinero que era enviado a Barbados y posteriormente dirigido a Florida.
El titular de la UIF destacó que este caso es emblemático y muestra cómo operaba el sistema de corrupción durante décadas en México. Subrayó que no se trataba únicamente del desvío de recursos presupuestarios, sino que la corrupción era un sistema arraigado que permeaba toda la gestión pública. En ese sentido, el funcionario enfatizó que el Gobierno actual es el primero en declarar y actuar de manera decidida para desmantelar el estado corrupto y combatir la impunidad.
El presidente López Obrador reafirmó que los gobiernos corruptos que predominaron durante 36 años en México provocaron una degradación de la política, afectando el crecimiento económico, el desarrollo y generando una crisis de bienestar social en el país. Por ello, es de vital importancia recuperar los recursos malversados y reintegrarlos al patrimonio nacional para impulsar la transformación y el progreso.
La lucha contra la corrupción es una de las principales banderas del actual gobierno mexicano, y este caso representa un paso significativo en esa dirección. La determinación de recuperar los fondos desviados y los bienes adquiridos ilegalmente demuestra la voluntad de erradicar la impunidad y sentar las bases para una administración pública transparente y honesta.
El juicio en Florida contra Genaro García Luna y su red corrupta marca un precedente importante en la historia de México. No solo busca recuperar los recursos económicos sustraídos, sino también enviar un mensaje contundente de que nadie está por encima de la ley y que los actos de corrupción tendrán consecuencias legales.
