La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, firmó el Pacto contra la Extorsión en un acto en el que participaron autoridades, empresarios, organizaciones sociales y representantes de los tres poderes, con el objetivo central de incorporar a la ciudadanía en la denuncia de este delito y, en palabras de la propia mandataria, «romper el silencio» que históricamente ha favorecido su impunidad.
En el marco del evento, Brugada anunció el envío al Congreso local de un paquete de reformas al Código Penal que busca alinearse con las modificaciones realizadas a nivel federal, al tiempo que introduce una nueva figura jurídica denominada «hostigamiento coercitivo», la cual tipificaría como delito independiente lo que hasta ahora se conocía como tentativa de extorsión, además de sancionar esta conducta como delito grave.
La iniciativa representa un giro en la estrategia de seguridad capitalina frente a un delito que afecta principalmente a pequeños comerciantes, transportistas y habitantes de colonias populares, quienes frecuentemente optan por el silencio ante el temor de represalias.
Con la nueva tipificación, las autoridades buscan ampliar las herramientas legales disponibles para perseguir y sancionar a quienes ejerzan presión, amenazas o coerción con fines extorsivos, incluso antes de consumar el ilícito. El pacto firmado esta semana sienta las bases para una coordinación más estrecha entre gobierno, sociedad civil y sector privado en la prevención y denuncia de la extorsión en la capital del país.
