El presidente Andrés Manuel López Obrador generó polémica al anunciar su intención de enviar al Congreso una iniciativa para eliminar los órganos autónomos, a los que considera ineficientes y onerosos. Durante su conferencia matutina, el mandatario argumentó que esta decisión es parte de una reforma administrativa necesaria para optimizar la administración pública y consolidar el control de las decisiones del poder público.
López Obrador identificó a varias entidades que podrían desaparecer, entre ellas el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El presidente afirmó que estos organismos, supuestamente autónomos, no sirven al pueblo y están al servicio de minorías. Mencionó situaciones en las que, según él, estos organismos han intervenido en defensa de intereses privados en lugar de favorecer a empresas estatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
Inmediatamente, legisladores de oposición, especialistas y miembros de los órganos autónomos reaccionaron expresando su firme oposición a la propuesta. Senadores como Emilio Álvarez Icaza y representantes del PAN consideraron la iniciativa como una regresión autoritaria y una amenaza a los contrapesos necesarios en una democracia.
En un foro sobre los 75 años de la Declaratoria de Derechos Humanos, organizado por el INAI, especialistas y comisionados destacaron la importancia de estos organismos en la defensa de derechos fundamentales. Mariana Campos, de México Evalúa, afirmó que la propuesta va en contra del derecho de los ciudadanos a obtener respuestas del Gobierno para evaluar su desempeño.
La comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, llamó a reforzar la idea de que el Instituto es esencial para proteger la privacidad de los datos y garantizar el acceso a la información.
El anuncio de López Obrador ha suscitado preocupaciones sobre el futuro de la transparencia, la regulación económica y la garantía de derechos fundamentales en México, generando un debate acalorado sobre la necesidad de los órganos autónomos en el equilibrio del poder y la protección de los ciudadanos.
