En un episodio digno de una pelea de patio de colegio, la jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), Reine Alapini-Gansou, ha salido a hacer un berrinche público después de que Estados Unidos, liderado por el magnate con peinado de estropajo, Donald Trump, le aplicara la ley del hielo financiera. Al parecer, a la señora jueza no le hizo ninguna gracia que le cancelaran sus plásticos y ahora pide a gritos que alguien le haga caso.

Según la magistrada, que debe estar extrañando sus compras a meses sin intereses, la CPI está viviendo una crisis peor que la de los cuarenta. «Es la primera vez que amenazan con desarmarnos el changarro», declaró con voz temblorosa en Francia, probablemente porque ya no podía pagar el hotel. Añadió que no solo ella está castigada, sino que dos tercios de sus colegas jueces ahora tienen que llevar su almuerzo en bolsa de papel.

El drama se desató después de que Trump, desde el podio de la ONU y con la sutileza de un elefante en una cristalería, invitara a todos los países a abandonar ese «club de aburridos fuera de control». La razón del castigo a la jueza Alapini-Gansou fue haberse metido en el expediente de Netanyahu, demostrando que en la política internacional, tocar a los amigos del mandamás del barrio es peor que deberle dinero a Coppel.

La jueza se lamentó de que las sanciones la han devuelto «a la era de la prehistoria», lo que significa que ahora debe pagar el súper con trueque de mamuts y no puede pedir un Uber para ir a sentenciar a nadie. «¡Ya no se puede usar una tarjeta de crédito, ya no se puede viajar!», exclamó, describiendo una pesadilla que solo conocen quienes han olvidado pagar el estado de cuenta. El Derecho Internacional, mientras tanto, corre el riesgo de extinguirse, no por un meteorito, sino por un mal historial crediticio.