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miércoles, febrero 28, 2024

Reino Unido busca enfoques «innovadores» para asegurar activos rusos

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Durante un debate en el parlamento británico, se discutió la necesidad de encontrar formas creativas e innovadoras para «reutilizar» los activos rusos congelados y utilizarlos en la reconstrucción de Ucrania.

El diputado conservador Leo Docherty, subsecretario parlamentario de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo, declaró que la ambición del gobierno es encontrar una ruta legalmente viable para reutilizar los activos rusos. Sin embargo, enfatizó la importancia de garantizar la seguridad, solidez y legalidad de cualquier propuesta en este sentido.

Docherty aclaró que la ley aprobada en mayo permite al gobierno británico mantener los fondos y propiedades rusas congeladas hasta que Rusia acepte pagar por el daño causado a Ucrania. También señaló que, aunque se ha afirmado que Canadá ha aprobado una ley similar, aún no han encontrado una ruta legalmente segura para confiscar esos activos.

El congelamiento de activos estatales rusos por parte de Londres, valorados en 26.000 millones de libras esterlinas (32.100 millones de dólares), se realizó en el inicio de la operación militar en Ucrania en febrero de 2022, según estimaciones del Banco de Rusia. Sin embargo, el gobierno británico aún no ha presentado una estimación similar al Parlamento.

Docherty informó que el gobierno del primer ministro Rishi Sunak implementará un nuevo mecanismo que permitirá a las personas sancionadas solicitar que sus propiedades congeladas se utilicen en la reconstrucción de Ucrania. Sin embargo, aún no se ha decidido sobre los 2.300 millones de libras obtenidos por la venta forzosa del FC Chelsea por parte de Roman Abramovich, y se están llevando a cabo discusiones sobre su enfoque y utilidad.

Las medidas para confiscar activos congelados han sido condenadas por Moscú, calificándolas de «robo» y «bandidaje», y advirtiendo sobre posibles represalias. Algunos críticos en Occidente también han planteado preocupaciones sobre el impacto en la naturaleza de las sanciones y la credibilidad de los derechos de propiedad.

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