Este lunes 1 de enero entró en vigor la Ley de Royalty a la Gran Minería, en Chile, una iniciativa que contempla «un nuevo esquema tributario» para la gran minería del cobre y el litio, en interés de obtener recursos adicionales para financiar a los gobiernos regionales y locales.
La ley fue despachada por el Congreso Nacional en mayo pasado y promulgada por el presidente Gabriel Boric en agosto de 2023, luego de casi un lustro de tramitación en el Parlamento.
Expectativas
Según la información oficial, en pleno funcionamiento, el instrumento «permitirá destinar 450 millones de dólares a potenciar el desarrollo de las regiones del país«, un tercio de los 1.350 millones de dólares, lo que equivale 0,45 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) actual del país suramericano.
Empero, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo a Cooperativa que si bien en 2024 se espera «recaudar una parte importante de lo que está previsto como meta de recaudación«, el monto estaría más bien próximo a la mitad –en términos de porcentaje del PIB– «de lo que se espera en régimen«.
«Esta es una ley muy importante para nuestro país porque lo que va a permitir es aumentar la participación del Estado y, a través del Estado, la ciudadanía en general, en las rentas de la gran minería del cobre«, consideró el funcionario.
Marcel también apuntó que la ley funcionará a partir de dos líneas maestras: «por un lado, aumentar la contribución de la gran minería del cobre a los ingresos del país, y por otro lado, también establecer condiciones de menor incertidumbre a través del establecimiento del límite global de la carga tributaria de la gran minería del cobre«.
Los cambios precisos
Según se precisa en un comunicado del Gobierno publicado en mayo pasado, justo cuando la propuesta recibió la aprobación del Legislativo, se define el ‘royalty’ a la minería como «un impuesto específico para las grandes empresas mineras muy común en el mundo, en consideración a que se trata de una industria que explota recursos naturales escasos y no renovables«.
En su caso particular, Chile pretende «generar una recaudación justa y eficiente con la finalidad de aumentar los recursos para las regiones junto con promover el desarrollo de la economía«.
Del mismo modo, se puntualiza que con la Ley de Royalty se garantizará que «los recursos que genera la gran minería retornarán de manera importante a las localidades de origen, retribuyendo a las 32 comunas que cuentan con actividad minera en sus territorios» y se podrá impulsar un desarrollo territorial más equitativo.
En términos del aumento de la carga impositiva, la nueva legislación sobre los tributos asociados a la gran minería obliga a las compañías a cancelar tributos de acuerdo a un porcentaje establecido por la ley, al contemplar en el cálculo el agregado de distintos tipos de impuestos y el nivel de producción de cada compañía minera.
Así, las empresas que produzcan más de 80.000 toneladas métricas de cobre fino pagarán regalías al Estado chileno equivalentes al «46,5 % sobre la renta imponible operacional minera ajustada (Rioma)«, mientras que las que produzcan entre 50.000 y 80.000 toneladas pagarán 45,5 %.
Con respecto a la industria del litio, el pasado 28 de diciembre el Ejecutivo anunció la firma de una «histórica» alianza con el sector privado para la explotación del Salar de Atacama, aunque el Estado seguirá contando con una «participación mayoritaria«.
