La Unión Europea sigue aprovechando la cumbre en Bruselas con los países latinoamericanos y caribeños para avanzar en sus planes de economía verde.
Este martes, las autoridades comunitarias firmaron con Chile un acuerdo para obtener materias primas como el litio y el cobre, cruciales para la producción de vehículos y baterías, y promover a cambio proyectos de transición energética en el país sudamericano.
También rubricaron con Uruguay un acuerdo de cooperación energética para impulsar la producción de hidrógeno verde y fomentar las energías renovables en ese país.
«Tenemos ideas afines, compartimos los mismos valores y somos socios elegidos para convertirnos en actores globales clave en la energía limpia y la transición digital», declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presente en la firma de un memorando de entendimiento junto al presidente chileno, Gabriel Boric.
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Un acuerdo similar se firmó el lunes con Argentina, otro de los países que alberga cuantiosas reservas de litio. Desde que estalló el conflicto en Ucrania y en medio de tensiones con China, Bruselas ha tratado de trabar alianzas con países ricos en recursos de los que el continente europeo carece y que son esenciales para sus planes de convertirse en una economía neutra en emisiones.
«Minimizar la huella ambiental y climática»
El acuerdo firmado con Chile contempla integrar las cadenas de valor sostenibles de materias primas «mediante el desarrollo conjunto de proyectos» y cooperar en materia de investigación e innovación para «minimizar la huella ambiental y climática».
Con Uruguay, el pacto busca profundizar acciones para la promoción de la eficiencia energética y de los intercambios sobre políticas de energía renovable e hidrógeno.
Los acuerdos se enmarcan en la estrategia de inversiones Global Gateway de la UE y la Ley de Materias Primas Críticas, dos instrumentos con los que el bloque comunitario busca asegurarse los recursos para poder desarrollar sus planes de economía verde.
A través de Global Gateway, Bruselas prevé invertir 45.000 millones de euros en Latinoamérica y el Caribe en los próximos años para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible.