El Gobierno de Israel aprobó un presupuesto de 1.300 millones de séqueles (unos 431 millones de dólares) para establecer 34 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada, una medida que ha provocado nuevas críticas internacionales por considerar que acelera la anexión de facto de territorio palestino. La decisión fue anunciada por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, tras la aprobación del gabinete de seguridad.
Smotrich calificó la medida como «histórica» y aseguró que próximamente se destinarán otros 1.075 millones de séqueles para construir carreteras e infraestructura que conecten las nuevas comunidades. El funcionario afirmó que el objetivo es reforzar la seguridad de Israel, impedir la creación de un Estado palestino y consolidar el control israelí sobre Judea y Samaria, nombre bíblico con el que Israel se refiere a Cisjordania.
Hamás condenó el anuncio y lo calificó como un paso «peligroso y criminal» hacia la anexión del territorio ocupado. El grupo pidió a la ONU y a la comunidad internacional adoptar medidas concretas para frenar la expansión de los asentamientos. Organismos internacionales, incluidos Naciones Unidas y diversos gobiernos occidentales, sostienen que estas construcciones fragmentan el territorio palestino y dificultan la viabilidad de una solución de dos Estados.
La expansión de los asentamientos ha coincidido con un incremento de la violencia en Cisjordania desde el inicio de la guerra de Gaza en 2023. Según datos de la ONU, más de un centenar de comunidades palestinas han sido desplazadas por ataques de colonos, mientras organizaciones de derechos humanos denuncian un aumento de las víctimas civiles. Pese a ello, una parte importante de la sociedad israelí considera que los asentamientos fortalecen la seguridad nacional.
