Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra altos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), entre ellos su presidenta, la jueza japonesa Tomoko Akane, y el senegalés Abdoulaye Seye. Las medidas fueron comunicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, como parte de la ofensiva de Washington contra las actuaciones del tribunal internacional.
El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a los funcionarios sancionados de participar directamente en acciones de la CPI para investigar, detener o procesar a representantes de países que no reconocen la jurisdicción del organismo. Estados Unidos sostiene que estas investigaciones representan una amenaza contra su soberanía y la de sus aliados.
Washington también sancionó a Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, después de que participaran en una decisión que rechazó una apelación israelí contra la investigación de la CPI sobre presuntos crímenes cometidos durante la guerra en Gaza. El tribunal desestimó por mayoría los argumentos presentados por Israel.
Las medidas implican el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadunidense y restricciones financieras para los funcionarios señalados. El gobierno de Donald Trump ha intensificado su presión contra la CPI, mientras Israel respalda las sanciones y cuestiona la legitimidad del tribunal y sus investigaciones relacionadas con el conflicto en Gaza.
