España vetó este jueves la participación de la Unión Europea (UE) en la misión que impulsa EE.UU. para garantizar seguridad en la navegación por el mar Rojo, después de que la milicia hutí, de Yemen, hubiera atacado navíos vínculados con Israel como represalia al ataque a la Franja de Gaza.
La noticia llega tan solo un día después de que el Gobierno español, en una reunión de urgencia del Comité Político y de Seguridad (COPS) de la UE celebrada el miércoles, apoyara la ampliación de la operación Atalanta, que actúa frente a las costas de Somalia para reprimir y disuadir la piratería en el océano Índico, con miras a extenderla hacia el mar Rojo.
En esa reunión la ampliación de Atalanta fue aprobada por unanimidad, con el respaldo de los 27 Estados miembros del bloque comunitario, por tanto, también del país ibérico.
Sin embargo, este jueves España cambió su posición en la reunión del Grupo de Trabajo de Consejeros de Relaciones Exteriores, conocido como Grupo Relex. Su veto impide la modificación del mandato de la operación Atalanta, medida que solo puede ser tomada por acuerdo unánime.
Se trata de una decisión que habría salido directamente de la presidencia del Gobierno, que habría impuesto su criterio a los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa, según fuentes diplomáticas europeas consultadas por El Confidencial.
Durante el jueves, después de que trascendiera el apoyo dado el miércoles a la operación en el mar Rojo, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez dio respuestas evasivas sobre la cuestión. Así, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmaba por la mañana que todavía se estaba «hablando entre socios de la UE, analizando todos los detalles, todas las implicaciones» y que todavía no se estaba «en el momento de la decisión», lo mismo que sostenía el Ministerio de Defensa.
EE.UU. había dado por hecha la participación de España. El lunes fue el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, quien en el transcurso de una visita a Israel anunció la participación de nueve países: Países Bajos, Reino Unido, Seychelles, Baréin, Canadá, Francia, Italia, Noruega y España.
Enseguida aparecieron los matices, expresados por la ministra de Defensa, Margarita Robles, al afirmar que la participación de España estaba sujeta «a decisiones de la UE y la OTAN». Sin embargo, después de haber conseguido la cobertura de la OTAN, el Gobierno de España cambió de posición.
Este giro en la postura quedó explícito con las declaraciones del vicealmirante Ignacio Villanueva Serrano, militar español al mando de la operación Atalanta desde la base de Rota, en la provincia de Cádiz.
Villanueva publicó un mensaje en la red social X (antes Twitter) que decía: «En respuesta a la firme cohesión de los Estados miembros de la #UE, EUNAVFOR ATALANTA ya ha comenzado a cooperar con la Operación Guardián de la Prosperidad de #EE.UU. en el sur del mar Rojo, y espera brindar aún más apoyo, a través de una tarea dedicada y capacidades adecuadas».
Sin embargo, el vicealmirante borró poco después este mensaje tras el veto del Gobierno en el seno de la UE con el cambio de mandato de la operación que capitanea.
En el centro de la disputa se encuentra el conflicto en la Franja de Gaza. España ha sido uno de los países más contundentes en señalar que Israel podría estar violando el derecho internacional humanitario contra la población palestina y exigir un alto el fuego, si bien desde el primer momento ha condenado los ataques de Hamás del 7 de octubre.
Por su parte, los hutíes están involucrados en la causa palestina y su portavoz, Mohamed Abdul Salam, declaró: «La coalición que está creando EE.UU. pretende proteger a Israel y militarizar el mar sin justificación alguna». Además, sostuvo que su milicia continuará «con sus operaciones legítimas de apoyo a Gaza».
