En un arranque de patriotismo que haría temblar a un león de zoológico, el presidente Javier Milei decidió desempolvar el manual del bravucón y anunciar que se pondrá más rudo que patada de mula con las empresas que andan sacando petróleo en las Malvinas. La respuesta del mercado fue un bostezo financiero: las acciones de Rockhopper Exploration, una de las implicadas, tuvieron un tropezón del 6,5%, más o menos el mismo drama que cuando se te cae el pan con mantequilla del lado equivocado.
El plan maestro del mandatario incluye firmar un decreto para que la Ley 26.659, que ya existía, deje de juntar polvo y empiece a morder tobillos. Pero la cosa no termina ahí, porque ahora la lista negra se extiende a “accionistas, directores y proveedores”, básicamente hasta el que les vende el café con leche. En resumen: si le vendes un tornillo a estas empresas, olvídate de volver a contratar hasta con el quiosco de la esquina en Argentina.
Mientras en la Casa Rosada sonaban tambores de guerra, en Londres los directivos de Rockhopper y su socia Navitas Petroleum probablemente se estaban sirviendo otra taza de té. Publicaron un comunicado con la misma emoción que un manual de licuadora, aclarando que ellos operan con permisos del gobierno de las islas y con el visto bueno del gobierno británico. Para rematar, le avisaron a sus inversores que no esperaban un “efecto material”, que en idioma corporativo significa: “Nos importa tres pepinos”.
Aquí viene la parte más graciosa del chiste: ¡estas empresas ya estaban sancionadas desde hace años! Rockhopper recibió su castigo en 2013 y Navitas en 2022, con inhabilitaciones de 20 años que, por lo visto, les han afectado tanto como una multa de tránsito en otro continente. Así que este nuevo anuncio es como amenazar a alguien que ya tienes bloqueado en todas las redes sociales con que ahora lo vas a bloquear “más fuerte”.
A pesar del berrinche presidencial, el proyecto «Sea Lion» sigue su curso como si nada, con planes de sacar el primer chorro de petróleo para el primer semestre de 2028. Mientras tanto, los analistas se rascan la cabeza intentando descifrar qué significa sancionar a un “proveedor”, preguntándose si eso incluye al repartidor de comida que les lleva el almuerzo. Parece que la soberanía se defiende con decretos furiosos y comunicados de prensa, una batalla épica librada enteramente en papel.
