México está en una posición estratégica para atraer inversión extranjera y relocalizar empresas internacionales, sobre todo con el auge del nearshoring —la tendencia global de mover cadenas de producción más cerca del país consumidor. Sin embargo, una situación legal pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está generando incertidumbre que podría poner en riesgo estas oportunidades.
La controversia se centra en una contradicción de tesis (la número 8/2025) relacionada con el tratamiento fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las empresas registradas bajo el programa IMMEX. Este programa permite a empresas manufactureras importar insumos sin pagar ciertos impuestos, siempre que los productos sean exportados. La falta de resolución por parte de la Corte ha abierto la posibilidad de una doble tributación para estas compañías, lo que afecta su estabilidad operativa y planeación financiera.
El sector IMMEX es clave para la economía mexicana: genera más de 3.2 millones de empleos directos e indirectos y tiene una alta integración con proveedores nacionales, lo que fortalece la cadena de valor en el país. Sin embargo, el vacío legal ha creado inseguridad jurídica que podría desincentivar inversiones justo cuando México está en el radar de muchas empresas globales que buscan nuevos destinos para establecerse.
Organismos empresariales como la COPARMEX han advertido que la incertidumbre legal puede ser un freno para el crecimiento económico. Por eso, urgen a la SCJN a resolver el caso lo antes posible, ya que la decisión que se tome tendrá implicaciones directas en el clima de negocios y en la confianza de los inversionistas.
Hasta ahora, no se ha anunciado una fecha para la resolución de la contradicción de tesis, lo que mantiene en suspenso a miles de empresas del sector exportador.