En las últimas semanas, México ha intensificado las inspecciones en su frontera con Texas, lo que ha llevado a un cierre parcial para los camiones que transportan gasolina y diésel. Esta medida ha frenado significativamente los envíos terrestres de combustible desde Estados Unidos a México, especialmente desde Texas, una ruta clave para el comercio energético entre ambos países.
El motivo principal de estas acciones es la lucha del gobierno mexicano contra el comercio ilegal de combustibles. La administración de Claudia Sheinbaum busca detener prácticas como la evasión fiscal por parte de importadores que no pagan los impuestos correspondientes o que declaran montos erróneos. Este esfuerzo ha resultado en una caída inmediata en la demanda de transporte de combustible hacia la frontera, según algunos distribuidores.
A pesar de la parálisis en los cruces fronterizos terrestres, no se espera una escasez inmediata de gasolina para los consumidores mexicanos. La mayor parte de las importaciones de combustibles aún se realiza por vía marítima, y además, los precios en las gasolineras están actualmente regulados gracias a un acuerdo temporal firmado por el gobierno en febrero. No obstante, si la situación persiste, podrían generarse aumentos de costos para transportistas y gasolineras.
Como parte de esta ofensiva contra el tráfico ilegal de hidrocarburos, recientemente se han realizado decomisos importantes: más de dos millones de galones de combustible en Baja California y un buque cisterna con diésel en el puerto de Tampico. Estas acciones evidencian el compromiso del gobierno con combatir este delito, que representa pérdidas millonarias anuales para Pemex.
Aunque estas medidas forman parte de una política interna, también se desarrollan en un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos, lo que podría complicar aún más las relaciones bilaterales en áreas como el comercio y los tratados internacionales.
