El Pleno de la LXVI Legislatura aprobó, por mayoría de votos, el dictamen de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales que reforma diversas disposiciones de las leyes de cuatro organismos autónomos y la del Poder Legislativo, con la finalidad de homologar el texto relativo a que la persona que ocupe la titularidad de la Contraloría Interna pueda ser reelegida o ratificada en el mismo para un periodo adicional.

Se trata de las contralorías internas de la Fiscalía General del Estado (FGE), del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp), del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev) y del Congreso local.

Tras la valoración del Pleno, la Mesa Directiva instruyó la apertura de la votación, que dio como resultado 28 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones.

De esta manera, fueron reformadas las Leyes Orgánicas de la Fiscalía General del Estado, de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y del Poder Legislativo, todas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

De acuerdo con el Dictamen, se retoma lo expuesto por el autor de la iniciativa, diputado Juan Enrique Santos Mendoza, en relación con que la reelección o ratificación en el cargo de la persona titular de la Contraloría Interna solo está previsto para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

Asimismo, precisa que para la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), en sus leyes orgánicas no está señalado el periodo de funciones de quien ocupe la titularidad del órgano interno de control, mismo que es de cinco años en los demás los organismos autónomos, previstos en el Artículo 67 constitucional y para el referido órgano del Poder Legislativo.

Por otra parte, expone que la posibilidad de reelección o ratificación por un periodo adicional está previsto para organismos federales como la Fiscalía General de la República (FGE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

Por lo anterior, se declararon procedente las modificaciones a las citadas cinco leyes, dado que así se homologa las disposiciones estatales con las federales y se da claridad acerca de la periodicidad de los cargos.

Previamente, los diputados Jaime Enrique de la Garza Martínez, Marlon Eduardo Ramírez Marín y Juan Enrique Santos Mendoza, así como la legisladora Adriana Esther Martínez Sánchez, hicieron uso de la tribuna para manifestar su posicionamiento.

El Pleno de la LXVI Legislatura aprobó, por mayoría de votos, el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el cual son expedidas las convocatorias para designar a las personas titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) de cinco organismos autónomos y del Poder Legislativo de Veracruz.

Se trata de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev) y el Poder Legislativo estatal.

De acuerdo con las Convocatorias, publicadas para libre consulta en la página www.legisver.gob.mx, las propuestas de ciudadanas y ciudadanos para ocupar los citados cargos se recibirán del 5 al 11 de julio de este año, en días hábiles, de 09:00 a 18:00 horas.

La Comisión Permanente de Atención y Protección de Periodistas recibirá las postulaciones de aspirantes a la Contraloría Interna de la CEAPP; la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, de la CEDH; la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, del IVAI, y la Comisión de Vigilancia, del Orfis, Poder Legislativo y Trijaev.

Del 12 al 21 de julio, cada comisión legislativa efectuará la revisión de la documentación entregada y entrevistará a cada uno de las o los aspirantes. Dichas entrevistas serán transmitidas en directo a través de la página del Congreso y en las redes sociales oficiales.

Cada comisión rendirá, a más tardar el 24 de julio, un informe a la Jucopo, que, a su vez formulará –en cada caso- un proyecto de Punto de Acuerdo en el que se propondrá la terna para la designación de la persona titular del OIC del organismo que se trate.

Dejan sin efectos decreto número 547

También en la Novena Sesión Ordinaria, las diputadas y los diputados aprobaron el Acuerdo de la Jucopo por el cual, en atención a la sentencia de 18 de enero de 2023, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Controversia Constitucional 39/2020, se deja sin efecto el Decreto número 547, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, bajo el número extraordinario 50, de fecha 4 de febrero de 2020, relativo a los límites territoriales entre los municipios de Oteapan y Chinameca.

Este Acuerdo será comunicado al titular del Poder Ejecutivo estatal, al Coordinador en el estado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), a la SCJN y a los presidentes municipales de Chinameca y Oteapan, para los efectos legales a que haya lugar.

La diputada Itzel Yescas Valdivia presentó ante el Pleno de la LXVI Legislatura un Anteproyecto con Punto de Acuerdo a través del cual hace un llamado al Ejecutivo estatal para que, de acuerdo con lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social para el Estado, expida en los siguientes 180 días naturales, el Reglamento respectivo.

Durante su participación, la legisladora recordó que en 2008 se realizaron reformas en materia de Derechos Humanos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que el sistema procesal penal debiera cambiar de ser inquisitivo a uno acusatorio, enfocado, principalmente, en dos ejes rectores, la inclusión de la perspectiva de género en el sistema penitenciario, y el cambio del término “readaptación social” por “reinserción social”.

Para este fin, señaló, en 2012 fue aprobada y publicada en la Gaceta Oficial del Estado, la Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social para el Estado de Veracruz, abriendo la pauta del inicio de la reinserción social en la entidad.

Sin embargo, acotó Yescas Valdivia, “esta ley no ha sido respetada en su totalidad, toda vez, que actualmente el reglamento que se aplica en relación a la ley en mención, es el Reglamento de los Centros de Readaptación Social del Estado de Veracruz, el cual data desde el 9 de junio de 1992”, precisó.

Tras esta falta de reglamentación, afirmó, los Centros de Reinserción Social no logran cumplir con el propósito de la reforma constitucional de 2008, “al carecer de una regulación que garantice que las personas privadas de la libertad puedan acceder al pleno respeto a sus derechos humanos, mismos que el Estado está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar”, aseveró.

Asimismo, indicó que es de gran importancia que, después de casi 11 años de haber entrado en vigor la Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social para el Estado de Veracruz, el ejecutivo expida a la brevedad el Reglamento que regule a los Centros de Reinserción Social, adecuando el mismo a las necesidades actuales de las personas privadas de su libertad y armonizándolo con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Con la finalidad de coadyuvar al fortalecimiento del crecimiento económico de la entidad, el diputado Juan Enrique Santos Mendoza presentó una iniciativa de Decreto ante el Congreso de la Unión que busca reformar la fracción II del Artículo 36 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para establecer que las inversiones en automóviles solo serían deducibles hasta por un monto de 315 mil pesos, en lugar de los 175 mil que actualmente la ley prevé.

De acuerdo con la propuesta, de aprobarse se incentivaría a que pequeños contribuyentes puedan adquirir con mayor facilidad un automóvil básico con el beneficio fiscal que obtendría, el cual les permitiría reducir en gran manera su carga tributaria y, a su vez, tener una mayor utilidad.

Además que, al actualizarse, este beneficio fiscal se podría incrementar la producción de vehículos, en virtud que en el primer semestre de 2022 existió un 17 por ciento y un 20.5 por ciento por debajo de la producción y exportación, en comparación con lo generado en 2019, antes del inicio de la pandemia.

En su intervención en Tribuna, durante la novena sesión, el legislador del Partido Fuerza por México (FXM) subrayó la Ley del Impuesto Sobre la Renta es una de las que no se ha actualizado y dado que establece estímulos fiscales con ciertas limitantes hacia los contribuyentes es necesario reformarla para evitar malas prácticas, “hoy a causa de la inflación el monto de 175 mil pesos no tiene el mismo valor adquisitivo que en el año 2016”, aseveró.

Asimismo, el también presidente de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad dijo que el precio de los vehículos de 2016 a la fecha se ha incrementado en casi el 80 por ciento y ejemplificó con el automóvil más barato en 2016 (Chevrolet Spark) con un costo de 139 mil 900 pesos y que en este 2023, la unidad más económica es el Renault Kwid de 230 mil 100 pesos.

En tanto, el Diputado afirmó que la inflación que se registra en México es histórica y que el incremento en los precios de las unidades automotrices está haciendo que pocas personas estrenen coche durante el presente año, “Por su parte, el Inegi dio a conocer que la inflación generan en el país se ubicó en junio del 2022 en 7.99 por ciento, su mayor nivel en más de 21 años”.

Por último, refirió que como legislador está a favor de que la cantidad tope para deducir de la inversión en automóviles nuevos deba ser proporcional al incremento de los precios de los vehículos, “el objeto del establecimiento del tope en su deducción es brindar un estímulo fiscal, pero a su vez evitar que los contribuyentes abusen de este beneficio”, concluyó.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.

La iniciativa presentada al Pleno de este Congreso por el diputado Othón Hernández Candanedo, propone que en los ayuntamientos las sesiones de Cabildo deban ser convocadas con al menos 48 horas de anticipación, dando a conocer a los integrantes de este órgano de gobierno el Orden del Día a desahogarse, excepto cuando se trate de sesiones en las que deban tratarse asuntos con carácter de urgente.

De acuerdo con el legislador, el propósito de esta iniciativa es facilitar la labor de los ediles de cada municipio veracruzano, ya que, consideró, al contar con información adecuada, podrán tomar mejores decisiones.

El proponente juzgó importante que los integrantes de los cabildos sean convocados a las sesiones con un plazo considerable y que éstas se lleven a cabo con la participación de todos los integrantes, quienes, al estar enterados con suficiente antelación, podrán programar su asistencia sin demora.

Luego de enunciar las atribuciones de los regidores establecidas en el Artículo 38 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, Othón Hernández Candanedo señaló que contar con información oportuna les permitirá tomar decisiones apegadas a las necesidades de la población. Además, “dicha porción únicamente contempla las veces que el Cabildo debe llevar a cabo sus sesiones ordinarias, mas no el procedimiento de convocatoria”, agregó.

Para tal efecto, propuso al Pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo, recorriendo el subsecuente, al Artículo 28 de la ley mencionada, la cual fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.

Se adhirieron a este proyecto las diputadas Tania María Cruz Mejía, Citlali Medellín Careaga y Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, así como los legisladores Juan Enrique Santos Mendoza y Marco Antonio Martínez Amador.