La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación sobre un presunto esquema de fraude mediante juicios laborales contra diversas empresas, entre ellas Grupo Herdez. Las indagatorias buscan determinar si existió una operación coordinada para reclamar indemnizaciones millonarias utilizando supuestas relaciones laborales que, de acuerdo con testimonios incorporados al expediente, nunca habrían existido.
Uno de los procedimientos investigados comenzó en 2007 y posteriormente fue atraído por autoridades federales. En la carpeta figura el testimonio de Irene León Escamilla, quien declaró que una de las demandas habría sido promovida desde un despacho jurídico y presentada como un conflicto laboral pese a que el supuesto trabajador no habría prestado servicios para las compañías señaladas.
Según la declaración, la estrategia consistía en incrementar las presuntas violaciones laborales y los montos reclamados para ejercer presión sobre las empresas y conseguir acuerdos económicos. La testigo aseguró haber verificado uno de los casos y constatado que la persona incluida en la demanda no había trabajado para las compañías involucradas.
La investigació
