Claudia Sheinbaum sacó la calculadora este martes y, con paciencia de maestra, le explicó a la nación por qué los ministros de la Suprema Corte ya no necesitan celulares pagados por el pueblo. Un momento didáctico sobre finanzas para semidioses que vivían en una galaxia muy, muy lejana.
En una conferencia que pareció un episodio de «Shark Tank: Edición Togas», la presidenta detalló el nuevo plan de austeridad. El sueldo mensual de un ministro bajó de los estratosféricos $297,403.77 a unos más terrenales $186,485.75, una cifra que aún permite comprar aguacates sin hipotecar el alma. El momento cumbre fueron los celulares; Sheinbaum, en un gesto de normalidad casi revolucionario, reveló que ella misma paga su plan de datos, provocando un desmayo colectivo entre quienes creían que el WiFi era un derecho divino. La purga de privilegios no paró ahí. Se acabaron las reservaciones en restaurantes y trámites de visa VIP; ahora harán fila como el resto de la humanidad. El ministro presidente, Hugo Aguilar, confirmó que la Corte está «abatiendo un rezago heredado», lo que significa que finalmente están desempolvando expedientes de hace una década. Eso sí, se mantienen los vehículos blindados, porque una cosa es la austeridad y otra muy distinta es tentar al destino.
Al final, el mensaje fue claro: la reforma avanza quitando «privilegios de arriba» sin tocar «derechos de abajo». O sea, los jueces tendrán sueldo, pero deberán aprender a usar cupones de descuento y a preguntar si la propina ya viene incluida. Una dura bienvenida al siglo XXI.
